Por SANDRA FORERO RAMÍREZ
Presidenta Ejecutiva de Camacol
El contexto económico del Covid-19 no es alentador para el sector de construcción de edificaciones, y en general para ninguna actividad productiva. Hemos visto resultados negativos en indicadores clave como comercialización de vivienda, permisos de construcción, iniciación de obra, entre otros. Es necesario adoptar medidas oportunamente, con el fin de dinamizar el sector que, por sus encadenamientos con otras actividades productivas, tendrá un efecto multiplicador en la economía nacional.
Desde Camacol hemos planteado diversas propuestas para la recuperación de la construcción de edificaciones, unas cuya implementación puede hacerse de manera rápida y su efecto es inmediato, otro grupo para incentivar la compra de vivienda, y finalmente, aquellas medidas para impulsar nuevos proyectos inmobiliarios. Dentro del primer grupo se encuentra la puesta en funcionamiento de las Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos –ORIPS–. El hecho que estos trámites no operen implica que frene la entrega de viviendas a los hogares, y se impacte el flujo de caja de los proyectos. Con el funcionamiento efectivo de las ORIPS se daría un enorme avance para los hogares compradores de vivienda y al ciclo del sector en general.
De forma similar, ampliar la vigencia de las licencias de construcción es una medida que se puede adoptar rápidamente y tendría un efecto muy positivo. Los proyectos estuvieron paralizados por varias semanas, de manera que los cronogramas de ejecución de obra han sido afectados, así como los ciclos comerciales. Por este motivo, extender el plazo de la vigencia de la licencia de construcción para la culminación de los proyectos garantiza la seguridad jurídica de los mismos. También, en línea con acelerar el avance de obra, extender los turnos de trabajo lograría terminar proyectos con mayor rapidez, ganar eficiencias y garantizar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. La propuesta es autorizar el desarrollo de las labores de obra en nuevos horarios.
Con el fin de incentivar la demanda, las políticas de apoyo a los hogares son vitales, específicamente el programa.
Mi Casa Ya. Esto requiere un compromiso en términos de continuidad y suficiencia de recursos que garanticen el cierre financiero de los hogares de menores ingresos. Otro programa que ya ha probado su eficacia es el apoyo a la compra de vivienda del segmento medio. Estas viviendas componen una gran parte del mercado, y su mayor valor agregado requiere un volumen importante de compras intermedias, lo que se traduce en un efecto multiplicador para toda la cadena de valor del sector.
Junto con el apoyo a la demanda, también es necesario tener un canal de crédito activo. Para ello se propone garantizar créditos hipotecarios a través del Fondo Nacional de Garantías –FNG–. Esto supone la capitalización del FNG, y que con las garantías crediticias se mejora el perfil de riesgo de los compradores y reduce la posibilidad de desistimiento de los negocios realizados.
El paquete de medidas para el desarrollo de proyectos inmobiliarios empieza por acelerar el avance de proyectos urbanos estratégicos, dando prioridad a aquellos que representen un incremento en la productividad del territorio y bienestar de sus habitantes. Un modelo de negocio poco desarrollado en Colombia y que tiene un enorme potencial de crecimiento, es la gestión de proyectos exclusivos para arrendamiento. Para avanzar en este frente se requieren incentivos para el desarrollo del mercado y los respectivos cambios normativos. Por parte de los empresarios será necesario idear un plan para impulsar la transformación organizacional hacia esta oportunidad de negocio.
Es claro que aún queda un largo camino por recorrer y los retos del sector son enormes. Sin embargo, tenemos una hoja de ruta que aborda los principales cuellos de botella de la actividad edificadora en la actual coyuntura, de manera que, en la senda de recuperación, el sector está comprometido con la generación de empleo, el desarrollo de las ciudades y del país.
