Ilustración de Jorge Ávila.

Se cumplen 25 años del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, uno de los grandes líderes políticos colombianos. Las FARC se atribuyeron recientemente el crimen pero su versión dejó muchas dudas. La mafia, por razones políticas, es hasta ahora la tesis más cercana a la verdad. La Fiscalía prepara una serie de medidas que podría aclarar muchos cabos que todavía están sueltos. ¿Fue un crimen de Estado?

25 años después —2 de noviembre de 1995— aún no se sabe con certeza quién ordenó y ejecutó el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, uno de los estadistas más brillantes de la historia política del país. Recientemente las FARC —el grupo guerrillero que firmó la paz en el gobierno de Juan Manuel Santos y que adquirió el compromiso de contar la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz—, se atribuyó el crimen. 

Se necesitaron 25 años para que los jefes máximos de este movimiento guerrillero dijeran “esta boca es mía” y en una carta a la opinión pública señalaran que eran los autores del magnicidio. Buena parte del establecimiento no les cree. Como tampoco la familia de Gómez Hurtado que ha dedicado años en encontrar la verdad sobre su crimen. 

La confesión de los miembros de las FARC ha dejado más preguntas que respuestas. La principal de ellas, por qué tantos años después se atribuyen semejante crimen cuando en los radares de la justicia así como de las diferentes agencias de inteligencia, jamás se tuvo un solo indicio que los relacionara con la muerte del líder conservador.

Para el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien en su periodo logró declarar el magnicidio de Gómez como un crimen de lesa humanidad, las diferentes líneas de investigación que viene adelantando el ente investigador, jamás se tuvo a las FARC como posibles autores de este hecho.

En esa misma línea, Óscar Naranjo, exdirector de la Policía y uno de los mayores expertos en inteligencia en el país, manifestó que en esa entidad nunca se tuvo información que relacionara a las FARC con el crimen de Gómez. 

La segunda pregunta que queda en el aire, es que si bien esta confesión la realiza el hoy senador de la República, Julián Gallo, conocido dentro de las filas de las FARC como Carlos Lozada, quien era el jefe de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), no hay por ahora un testigo de primera línea que corrobore sus palabras: “Yo ejecuté la orden de asesinarlo (…), los que participaron están muertos”…

Por el año 1995, Lozada era un guerrillero de bajo perfil, que lideraba la red urbana Antonio Nariño que estaba conformada por un fuerte grupo de milicianos que realizaban actos terroristas en Bogotá contra las estaciones de policía, secuestros en las famosas “pescas milagrosas” en Cundinamarca y entrenamiento de milicias en la zona de Ciudad Bolívar. 

De acuerdo con la versión de Lozada, la orden de matar al líder conservador llegó directamente de la comandancia del Bloque Oriental de las FARC, la facción militar más grande y fuerte de este movimiento subversivo y que tenía como jefe a Jorge Briceño, más conocido como el “Mono Jojoy”. Pero además, señaló que era un tema que había sido tratado en la comandancia máxima de las FARC por el propio Manuel Marulanda alias Tirofijo, quien sindicaba a Gómez como uno de los instigadores de los bombardeos y la persecución militar a las diferentes estructuras de las FARC.

Según Lozada, la orden impartida por su jefe Jojoy la cumplió. Planeó el crimen y los milicianos bajo su mando lo ejecutaron. El problema de esta versión es que todos los que señaló el exjefe guerrillero de haber participado, están muertos.

Preguntas pocas respuestas

Entonces, la gran pregunta que el país se hace es por qué los exjefes de las FARC decidieron echarse encima el magnicidio de Álvaro Gómez 25 años después, en medio de una polarización política sin precedentes y con un proceso de paz cada vez más debilitado y con temas tan importantes como el reclutamiento de menores de edad, que las propias FARC le han dado largas en reconocer y aceptar. 

La historia detrás de las razones que llevaron a las FARC a reconocer que fueron los autores del crimen de Gómez Hurtado, resulta tan enredada como la propia confesión. Detrás de este tema hay una protagonista: Piedad Córdoba. La excongresista que también estuvo involucrada en el escándalo de Alex Saab, hoy ad portas de ser extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos. La exsenadora no ha contado todavía su relación con este hombre convertido en mano derecha de Nicolás Maduro y sus multimillonarios negocios ilícitos que recorren varios continentes. 

Piedad Córdoba soltó la bomba que ella tenía información muy valiosa sobre los verdaderos autores del crimen de Gómez. Esto llevó a una serie de reuniones secretas en Bogotá con funcionarios, diplomáticos cubanos y exjefes de las FARC que no terminaron de la mejor manera, sino por el contrario, en mutuas acusaciones.

El fondo de este asunto tiene que ver con que las disidencias de las FARC, encabezadas por Iván Márquez, tenían previsto contar desde la clandestinidad que sus antiguos compañeros de lucha que hoy continúan en el proceso de paz, se habían quedado callados ante la JEP sobre la verdad del crimen de Gómez Hurtado. Y para ello utilizaron a Piedad Córdoba. Ella lo niega. Y dice que desde que desertaron del proceso de paz jamás se ha reunido con Márquez o con Santrich. Lo cierto, es que estos guerrilleros se mueven en tierras venezolanas como en casa y la exsenadora es cercana al régimen de Maduro y se mueve como pez en el agua por Venezuela. 

Por todos estos tejemanejes de intrigas y falta de claridad, con una exsenadora como Piedad Córdoba tan controvertida, es que la versión de las FARC en lugar de sacudir el mundo judicial y 25 años después de aceptar que este grupo guerrillero asesinó al líder conservador, dejó más un mal sabor de boca que verdades sobre el magnicidio. 

Los rodríguez a un paso

La familia de Álvaro Gómez Hurtado, no ha ahorrado esfuerzo alguno para saber los pormenores del crimen del líder político. Enrique Gómez Martínez, su sobrino, encabeza hoy el equipo jurídico que busca la verdad sobre las causas de lo que han llamado un crimen de Estado. Han señalado directamente al expresidente Ernesto Samper y a su escudero Horacio Serpa de ser los determinadores del magnicidio. “Ernesto Samper se ha arropado en la impunidad durante más de dos décadas, logrando que los grandes narcos no declaren sobre él”. 

Dos de esos grandes narcos son Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del cartel de Cali, extraditados a Estados Unidos hace 16 años. En Colombia han sido señalados como los directos financistas de la campaña presidencial de Ernesto Samper, a la cual le inyectaron cerca de seis millones de dólares de la época. 

El abogado Gómez Martínez ha estado muy cerca de esa colaboración. Incluso, logró una reunión en Estados Unidos en 2015 con William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez y varios oficiales del Departamento de Justicia de ese país. En esa reunión, se logró concretar la colaboración de los hermanos Rodríguez para contar todo lo que ellos sabían respecto al crimen de Gómez Hurtado. “Fue un avance muy importante. Sabíamos que muchas cosas iban a quedar claras. Salimos muy optimistas de esa reunión. Solo faltaba fijar el día y la hora para que los fiscales colombianos pudieran realizar la diligencia judicial. Pero unas horas después todo cambió. En Cali ocurrieron una serie de hechos y todo se frustró”, señala Gómez Martínez. 

El expediente que ha logrado armar Gómez Martínez con los diferentes fiscales de las cuatro administraciones de la Fiscalía que han conocido del crimen, ocupan prácticamente una oficina. El primer archivo judicial tenía cerca de 72 cuadernos que reunía la investigación de la fiscalía y de dos juzgados. Apenas cabían en un cuarto pequeño. En el Juzgado Segundo, el actual está conformado por cerca de 60.000 folios. Más de 200 enormes cuadernos. 

Esa voluminosa información guarda muchos testimonios. De personas que están vivas. De narcos del calibre de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, el gran capo del cartel del norte del Valle, hoy purgando condena en una cárcel de Estados Unidos. Francisco Javier Zuluaga, alias “Gordo Lindo”. De paramilitares poderosos en su época y presos en cárceles colombianas como de Estados Unidos. Entre ellos, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, Ernesto Báez. De personajes de la vida nacional, como Fernando Botero Zea, exministro del gobierno de Ernesto Samper.

Todos ellos, en distinto tiempo, modo y lugar, han afirmado ante los fiscales que han investigado el magnicidio de Álvaro Gómez, que el crimen fue planeado por miembros del cartel del norte del Valle y ejecutado por el excoronel de la Policía Danilo González, uno de los hombres más importantes en la lucha contra Pablo Escobar.

Fue uno de los oficiales que dio con el paradero del capo de Medellín. Sus condecoraciones, cursos de ascenso, medallas del Gobierno estadounidense, no fueron suficientes para que se mantuviera dentro de la ley. Danilo González se convirtió en el jefe militar del temible cartel del norte del Valle. El hombre que liberó muchas batallas al interior de los grupos que conformaban ese cartel y con el paso del tiempo se volvió el jefe del aparato militar tan poderoso como había sido el de Pablo Escobar. 

El 25 de marzo de 2004, fue asesinado cuando se encontraba al interior de un centro comercial en el norte de Bogotá. Semanas atrás había realizado una serie de acercamientos con autoridades estadounidenses con el fin de someterse a la justicia en ese país y negociar su pena a cambio de muchos secretos que había dejado Escobar, los que conocía del cartel del norte del Valle y de los capos de Cali. 

La última reunión que sostuvo con los agentes de la DEA fue en la isla de Aruba, donde se conectó con Baruch Vega, un colombiano que hacía de intermediario para la negociación de la entrega de narcos a los Estados Unidos. A su regreso a Colombia, donde iba a permanecer por unos días mientras arreglaba unos asuntos personales, encontró la muerte. Con él se fueron a la tumba muchos de los secretos de la relación de mafia y políticos. Y quizás la verdad de su participación en el magnicidio de Álvaro Gómez. 

La confesión

La confesión de Rasguño, que hizo en 2010 y que en su momento fue calificada de incoherente, con el paso de los años y con el trabajo realizado por los fiscales del caso y el abogado Gómez Martínez, se ha convertido en una prueba sólida en el trabajo que realiza hoy la Fiscalía General de la Nación para determinar el asesinato de Álvaro Gómez. 

La historia de Rasguño tiene un escenario: la finca “Cinco Tres” de propiedad de Carlos Castaño, ubicada en el corregimiento El Volador, Tierra Alta, departamento de Córdoba. Allí tuvo lugar una serie de reuniones entre el entonces jefe de los paramilitares, varios miembros de su organización y jefes del cartel del norte del Valle. El motivo: la molestia de Castaño por el asesinato del líder conservador. En su relato Rasguño señala la explicación que dio Orlando Henao, uno de los hombres más fuertes de la organización del norte del Valle. “Al doctor Álvaro, fue imposible arrimarle, tratamos por todos los medios de buscarle arrimar para que se quedara quieto…, a hablar con él…, por favor no más, no moleste, deje a Samper tranquilo, deje a Serpa tranquilo, deje de escribir en el periódico, deje de hablar en universidades, se buscó gente que decía que hablaba con él…, y ese hombre es muy jodido, ese hombre no quiso recibir plata, ni quiso recibir a nadie…, entonces se tomó la determinación de hacer eso…, nosotros vimos que la única forma de callarlo era matarlo y tomamos la decisión de matarlo”. 

Y agregó: “…Danilo González fue el que hizo la vuelta…, esa vuelta se hizo muy cerrada para que nadie se diera cuenta, porque era una vuelta muy peligrosa”. 

Hernando Gómez Bustamante relató en su confesión más detalles. Señala que él tuvo una reunión con el coronel Danilo González donde le dijo: “…lo maté yo, yo fui el que hizo la vuelta…”.

La confesión de Rasguño, que hizo en 2010 y que en su momento fue calificada de incoherente, con el paso de los años y con el trabajo realizado por los fiscales del caso y el abogado Gómez Martínez, se ha convertido en una prueba sólida en el trabajo que realiza hoy la Fiscalía General de la Nación para determinar el asesinato de Álvaro Gómez. 

La historia de Rasguño tiene un escenario: la finca “Cinco Tres” de propiedad de Carlos Castaño, ubicada en el corregimiento El Volador, Tierra Alta, departamento de Córdoba. Allí tuvo lugar una serie de reuniones entre el entonces jefe de los paramilitares, varios miembros de su organización y jefes del cartel del norte del Valle. El motivo: la molestia de Castaño por el asesinato del líder conservador. En su relato Rasguño señala la explicación que dio Orlando Henao, uno de los hombres más fuertes de la organización del norte del Valle. “Al doctor Álvaro, fue imposible arrimarle, tratamos por todos los medios de buscarle arrimar para que se quedara quieto…, a hablar con él…, por favor no más, no moleste, deje a Samper tranquilo, deje a Serpa tranquilo, deje de escribir en el periódico, deje de hablar en universidades, se buscó gente que decía que hablaba con él…, y ese hombre es muy jodido, ese hombre no quiso recibir plata, ni quiso recibir a nadie…, entonces se tomó la determinación de hacer eso…, nosotros vimos que la única forma de callarlo era matarlo y tomamos la decisión de matarlo”. 

Y agregó: “…Danilo González fue el que hizo la vuelta…, esa vuelta se hizo muy cerrada para que nadie se diera cuenta, porque era una vuelta muy peligrosa”. 

Hernando Gómez Bustamante relató en su confesión más detalles. Señala que él tuvo una reunión con el coronel Danilo González donde le dijo: “…lo maté yo, yo fui el que hizo la vuelta…”.

Cuando se conoció la confesión de Rasguño, se cuestionó su veracidad porque en su relato contó una serie de episodios y muchos de ellos no concordaban con las fechas que mencionó. Para el abogado Gómez Martínez, lo que se llevó a cabo fue una estrategia a nivel de medios de comunicación para quitarle peso a la confesión y señalar que todo lo dicho por el capo del norte del Valle era inexacto y lleno de mentiras. 

En un comienzo la estrategia surtió efecto. El testimonio se cuestionó ante la opinión pública. Pero el trabajo desarrollado por los investigadores, permitió que Salvatore Mancuso señalara que efectivamente esa reunión en la finca “Cinco Tres”, tuvo lugar y los ánimos entre Castaño y los jefes del norte del Valle, fue muy tenso a punto que pensó que iba a terminar a bala. Pero confirmó otro dato muy importante para los investigadores: en esa reunión estaba presente Danilo González. 

Así como Mancuso varios de los jefes de las autodefensas señalaron que habían estado en esa reunión y que los hechos relatados por Rasguño fueron tal cual como se presentaron. 

Otro de los testimonios claves dentro del voluminoso expediente es el del exministro de defensa, Fernando Botero Zea, en el que señala que a nivel del Gobierno y en especial de la Casa de Nariño, había un firme convencimiento que Álvaro Gómez Hurtado representaba la mayor amenaza para la supervivencia de la administración del gobierno de Samper. 

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía han podido determinar que para ese entonces, el DAS había realizado un perfilamiento de Gómez Hurtado. En palabras más directas del abogado Gómez Martínez, había seguimientos oficiales al exlíder político. 

El abogado de la mafia

“Paramilitares poderosos de la época como narcos confesos, en distinto tiempo, modo y lugar, han afirmado ante fiscales que el crimen fue planeado por el cartel del norte del Valle y ejecutado por el coronel de la Policía, Danilo González, uno de los oficiales más importantes en la persecución de Pablo Escobar”.

Otra de las líneas de la investigación tiene que ver con el papel que jugó un personaje que se movía como liebre entre la línea de lo legal y lo ilegal. Se trata de Ignacio Londoño, llamado también “Nacho Londoño”. Conocido como el abogado de la mafia, quien en julio de 2015 fue asesinado en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca. 

Siempre se le vinculó al cartel del norte del Valle y muy cercano políticamente a Horacio Serpa. Fue pieza clave en la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper y en el caso del 

magnicidio de Gómez, su nombre fue mencionado por Rasguño quien dijo que fue pieza clave para cometer el crimen. 

Londoño también llevó sus secretos a la tumba. Entre ellos, cómo se ingresó el dinero a la campaña de Samper así como los motivos que originaron el magnicidio de Gómez Hurtado. 

25 años después, la confesión de las FARC no es del todo creíble y mucho menos para la familia Gómez que no ha parado de seguir los pasos a la investigación. El fiscal Barbosa, el cuarto en conocer el caso de Gómez, prepara una serie de decisiones que pueden cambiar completamente la suerte de muchos de los señalados en este caso. El regreso a cuenta gotas de los jefes paras a Colombia y comenzar a colaborar con la Justicia Transicional, puede desenredar mucho más la madeja de este largo proceso judicial y que por fin el país conozca la verdad si fue un crimen de Estado, quién lo ordenó, cuáles fueron los motivos y quién lo llevó a cabo. Ojalá no se necesiten otros 25 años para conocer la verdad.