Por José Monsalve

Periodista – Investigación

Las consecuencias, buenas y malas, de la diáspora vecina deben ser entendidas y atendidas. Los migrantes llegaron para quedarse.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dos autoridades políticamente antagónicas, coincidieron en una afirmación delicada: la ola de migración venezolana está incidiendo en el deterioro de la seguridad. Sus afirmaciones se dieron con apenas unos días de diferencia y generaron revuelo pues tocaron el tendón tabú de un fenómeno cuyas repercusiones son tan variadas como trascendentales.

“Con respecto a la migración venezolana, sí se está identificando que en algunas ciudades de Colombia y regiones del país, esta migración está vinculada con hechos de criminalidad, en cuyo caso específicamente en las zonas donde se presenta se convierte en una preocupación en materia de seguridad”, afirmó el ministro Trujillo en una paradójica intervención desde Caquetá. La paradoja radica en que semejante tema tan sensible fue planteado en ese inmenso departamento donde, según Migración Colombia, tan solo hay 671 venezolanos. En Caquetá, Guaviare, el archipiélago de San Andrés y Vaupés el fenómeno no existe. De 1.715.831 venezolanos que hay en el país, en esos territorios apenas se han asentado 1.448, es decir el 0.08 % de los migrantes.

Claudia López, por su parte, sí metió baza desde la capital donde se calcula que tras la desbandada que produjo la pandemia hay 338.000 venezolanos (20 % del fenómeno). La mandataria dijo: “No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que, en serio, nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo inmediatamente”. Ese comentario, hecho en un consejo de seguridad luego de que se presentó el asesinato de un hombre en un bus de Transmilenio, le significó una cascada de críticas.

La alcaldesa fue señalada de querer excusar las falencias de su administración agitando el odio contra los migrantes. Días después, cuando el ministro Trujillo intervino en igual sentido, la opinión pública le recordó que no era la primera vez que tenía expresiones destempladas contra los foráneos pues cuando fue canciller afirmó que venezolanos violentos estaban infiltrando las movilizaciones de protesta pacífica. Pero más allá del torbellino político, ¿qué dice en realidad la evidencia, le da la razón o no a estas autoridades?

En Bogotá, en lo que va del año y a corte del 31 de octubre pasado, la Fiscalía registraba la captura en flagrancia de 21.812 personas, de las cuales 19.898 son colombianos y 1.874 venezolanos (40 son de otras nacionalidades). Esas cifras son consistentes con el panorama nacional. Según Migración Colombia apenas el 3.2 % de los delitos que ocurren en Colombia son cometidos por ciudadanos venezolanos. 

El estudio ‘Seguridad ciudadana y migración venezolana’ de la Fundación Ideas para la Paz concluyó que el comportamiento del crimen no se explica por el incremento de la población venezolana, y sostiene que “a pesar de las teorías que vinculan la migración con el crimen, la revisión de los datos sobre el comportamiento delictivo y de la operatividad de la Policía reflejan un comportamiento natural asociado con el incremento de la población que genera la migración”. 

En realidad, aunque muchas personas tienen la percepción de que los recién llegados están aumentando las tasas de criminalidad, la evidencia desmiente esa idea. Y no solo en Colombia. El centro de investigación Migration Policy Institute con sede en Estados Unidos publicó un estudio en septiembre pasado que comprende los datos de los tres países principales receptores de venezolanos: Colombia, Perú y Chile. 

Encontró que en Chile sólo el 0.7 % de las personas acusadas de algún crimen en 2019 eran venezolanas, mientras que los venezolanos representan el 2.4 % de la población en ese país. En el caso de Perú en el 2019 el 1.3 % de los presos son extranjeros (incluyendo venezolanos y otras nacionalidades), mientras que los venezolanos representan el 2.9 % de la población total del país. El mismo análisis señala que en Colombia, con datos del 2019, 2.3 % de los arrestos por delitos violentos en 2019 involucraron venezolanos, mientras que los inmigrantes de Venezuela representan el 3.2 % de la población total del país.

El abismo entre la realidad y la percepción de inseguridad achacada a los venezolanos es el terreno abonado para que germine la xenofobia. Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, lo plantea en términos sencillos: “Cuando a alguien lo atraca un calvo nadie sale a decir que todos los calvos son rateros, ni que hay que desconfiar de todos los calvos. Pero así actúa la xenofobia, se busca un punto de identificación, que lo da la nacionalidad, y se pretende juzgar a todos por eso”, dice. 

Para Rodríguez el momento específico y el contexto histórico hacen aún más reprochable que las autoridades colombianas pretendan exculpar su incapacidad para resolver los desafíos de la inseguridad con el chivo expiatorio de que el problema son los venezolanos. Agitar esa estigmatización en tiempos de pandemia puede generar aún más dificultades para los migrantes que en miles de casos resuelven su día a día gracias a la solidaridad de las personas. De otra parte, esa postura olvida que Venezuela fue por lustros refugio de millones de nacionales que huyeron por razones económicas o por causas del conflicto armado. Nadie sabe con claridad cuántos de los migrantes en realidad son colombo-venezolanos que están retornando.

Migración Colombia estima que desde marzo, cuando arrancó lo más severo de la pandemia, 110.000 migrantes retornaron a Venezuela dada esa contingencia. Pero la misma entidad proyecta que una vez se reabran las fronteras en los tres primeros meses entrarán 250.000 venezolanos que buscarán oportunidades acá. El otro gran filón problemático que conlleva la diáspora es todo el tema de la salud que demandará esa nueva oleada y la multitud que ya está asentada en Colombia. 

Los migrantes no pueden acceder al sistema de salud por falta de regularización que integre ese servicio. El Permiso Especial de Permanencia es un mecanismo que procura reducir la situación de irregularidad pero que no alcanza a abrir esta ventana. A pesar del bloqueo la realidad es que centenares de migrantes acuden a los servicios médicos 

públicos en Colombia. Muchos han abierto brecha a punta de tutelas y por esa vía los jueces han creado excepciones para mujeres en estado de embarazo, personas con enfermedades catastróficas y menores con diagnósticos de alto riesgo. “El Estado colombiano, entre 2016 y hasta septiembre de 2020, atendió 609.852 venezolanos por urgencias. Eso implica un costo altísimo porque las urgencias suelen ser costosas, y muchas podrían haber sido previstas por el sistema de salud antes de que se agudizaran”, explica Rodríguez.

Los datos oficiales indican que a septiembre pasado habían 199.316 venezolanos vinculados al sistema de salud colombiano. Y el 59 % hacia parte del sistema contributivo y solo el 41 % al sistema subsidiado. Eso indica que los venezolanos tienden a afiliarse si tienen condiciones de regularidad y a pagar por su salud, el problema es que a la mayoría no se les permite por su situación de irregularidad. A partir de eso muchos sostienen que sería más conveniente para el Estado permitir la integración y contribución de los foráneos al sistema de salud que restringir y costear los servicios de urgencias. Apreciar las oportunidades del fenómeno migratorio permite verlo de otra manera. 

En ese sentido el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, recalca que de 1,7 millones de venezolanos que hay en el país, el 24 % son menores de edad, 36 % jóvenes entre 18 y 29 años, y el 22 % adultos entre 30 y 39 años. “Eso nos lleva a una conclusión preocupante para Venezuela y que constituye una ventaja para Colombia. La población joven venezolana está abandonando su país, allá se están quedando con gente madura y de la tercera edad. El componente joven se está moviendo, lo cual representa un beneficio para Colombia en la medida en que llegan capacidades jóvenes para el desarrollo del país”, concluye.

“Según Migración Colombia apenas el 3,2 % de los delitos que ocurren en Colombia son cometidos por ciudadanos venezolanos”.