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(EFE). Colombia se encamina hacia una «paz total» que en cuatro años logrará desmantelar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y alcanzar acuerdos con las 10 mayores organizaciones criminales del país, augura el analista Ariel Ávila, que sin embargo pide al Gobierno «dimensionar» lo que se puede alcanzar para evitar desengaños.

En cuatro años, cuando termine la Presidencia de Gustavo Petro, Ávila predice que el proceso emprendido ahora permitirá «sacar unas 17.000 personas de los fusiles y la ilegalidad» y «de 300 municipios muy complicados» en materia de seguridad se pasará a unos 100, asegura en una entrevista con EFE.

«Avanzar en eso (…) es saltar 50 años en el país, es avanzar mucho», insiste Ávila, senador por el Partido Alianza Verde y exsubdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

Todo esto para el analista se traduce en que la situación de seguridad en el país mejorará entre un 40 y un 50 % en estos cuatro años, «pero de ahí no vamos a pasar, ni vamos a acabar con el crimen ni vamos a acabar con la mata de coca», afirma.

Por eso hace un llamado «a la razón» al Gobierno para que «dimensione lo que realmente se va a poder lograr», con la «paz total» para que después «la gente no nos acuse de que les dijimos mentiras».

EL MAPA CRIMINAL EN COLOMBIA

«¿Qué pasó después de la firma del acuerdo de paz en materia de criminalidad?» es la pregunta que intenta responder Ávila en su más reciente libro, «El mapa criminal en Colombia» (Aguilar, 2022).

Colombia cambió de ciclo. Finalizó la violencia política protagonizada por las extintas FARC y está entrando en una nueva etapa de conflictividad marcada por otros actores: las 52 organizaciones criminales que operan en el país.

Con estos grupos no puede haber una negociación política, como la que está haciendo el Gobierno con el ELN, adelanta el senador Ávila, y añade que será una negociación «sociojurídica» basada en el sometimiento a la justicia y en la reincorporación social de sus miembros.

«En la paz total vamos a negociar con unas 10 organizaciones de estas, las más importantes, pero va a quedar un reducto», alerta Ávila. No obstante, considera hasta que se alcancen los acuerdos, el Gobierno no puede estar de brazos cruzados.

Toda política de seguridad, explica Ávila, «se basa en garrote y zanahoria», algo que parece que el Gobierno de Petro todavía no ha logrado aplicar con éxito. «La zanahoria ya está diseñada», explica Ávila en referencia a la ley de orden público para el sometimiento a la justicia de bandas criminales, que esperan presentar en el Congreso en tres semanas.

«Nos falta el garrote», advierte con «mucha preocupación» porque «este Gobierno no ha encontrado una política de represión al crimen que sea diferente y que dé cuenta de la nueva criminalidad». Su análisis apunta a la necesidad de «crear fuerzas de tarea especializadas en organizaciones criminales, no en territorios».

EL PRECEDENTE DEL ACUERDO CON LAS FARC

Pero la «paz total» no se hará desde cero, ya existe un precedente, una «hoja de ruta muy bien diseñada» que fue el Acuerdo de Paz con las FARC firmado en noviembre de 2016.

«Ese acuerdo resuelve unas causas estructurales del conflicto, ese acuerdo hay que cumplirlo, y ese es el verdadero reto (…) que la paz total no sea el aislamiento de la paz del acuerdo con las FARC», agrega el ahora senador.

A las disidencias de las FARC, que no se sumaron al acuerdo o que retomaron las armas después de firmar, Ávila las cuenta entre las organizaciones criminales y añade que solo queda un grupo, el Estado Mayor Central, liderado supuestamente por «Iván Mordisco», mientras que la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, está «totalmente destruida» y se irá «degradando sola».

«Con las FARC ya negociamos y no puede haber una segunda negociación», zanja el especialista, aunque precisa que en el caso del Estado Mayor Central, que no firmó el acuerdo de 2016, podría tener cierto tratamiento político y el proceso debería ser diferencial, entre «una negociación de paz y un sometimiento a la justicia».
«Pero una mesa como la de La Habana (donde se negoció con las FARC) para mí eso sería un error garrafal», apostilla.

El analista y ahora congresista también alerta que en el proceso de paz con el ELN y en las negociaciones que abra el Gobierno con organizaciones criminales deberá haber «una estrategia para poder cerrar la frontera agrícola» y contener la deforestación y la «depredación total de la selva colombiana».

La paz total no se hará sin paz ambiental y sin una «estrategia de seguridad dura», agrega.

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