«El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador (sic)», dijo ayer Petro en su cuenta de Twitter.
El presidente ya daba así como hundida una de sus apuestas fuertes: una reforma laboral que buscaba dar más blindaje a los derechos de los trabajadores y los sindicatos, alargando el periodo en que se pueden cobrar horas nocturnas y doblando la paga de domingos y festivos, entre otros.
Sin embargo, quedaba por saber si esta reforma, que no pasó un primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes -necesario para que un proyecto de ley prospere de una legislatura a otra-, se iba a debatir en el periodo extraordinario de sesiones.
Pero el decreto firmado por el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, dejó a debate dos proyectos de ley -uno que determina el número de diputados en Asambleas Departamentales y otro para modificar el presupuesto general- en las sesiones extras que se darán del 22 al 24 de junio.
Por tanto, el Gobierno ha optado por dejar para el próximo curso, que comienza el 20 de julio, sus grandes reformas y tendrá que volver a radicar la laboral, que esperan que esta vez cuente con «ajustes» y «nuevos acuerdos con los sectores» para un mejor trámite parlamentario.
En ese sentido, Petro aseguró que «el Gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador» porque los citados «dueños del capital y de los medios» consideran que «las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral».
Valoración legislativa
El gobierno de Petro comenzó con un apoyo en el Congreso tras lograr acuerdos con otros partidos como el Liberal, los Conservadores o La U que le otorgaban una mayoría que le permitió aprobar fácilmente su primer gran reforma: la tributaria.
Sin embargo, la pérdida de apoyo de los conservadores, La U y la indefinición de los liberales por desavenencias hicieron que el Gobierno perdiera la mayoría legislativa y dejó estancadas las reformas.
Un informe publicado hoy por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) sobre este primer año legislativo muestra que el Gobierno presentó o apoyó 37 proyectos de ley, de los cuales 10 no se aprobaron, 11 sí, 5 se quemaron y quedan por debatir 3 grandes.
Entre las aprobaciones, además de la reforma tributaria, está la ratificación del Acuerdo de Escazú; la creación del Ministerio de Igualdad (que aún no ha echado a andar) y la que permite que el Gobierno comience la negociación con grupos armados, la llamada Ley de la Paz Total.
Pero al Gobierno se le cayeron su reforma política, la ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales y ayer mismo el proyecto de regularización del uso recreativo del cannabis, que apoyaba.
Analistas como la profesora Silvia Otero, de la Universidad del Rosario, apuntan a que también el Gobierno, que culpa al «establecimiento» por el hundimiento de la laboral, se demoró mucho en presentar sus reformas bandera.
«Como si no se hubieran demorado dos meses en presentar el proyecto de ley, tres semanas más en radicar ponencia, y como si por dedicarse al drama de la de salud no hubieran abandonado lo demás», estimó Otero en su Twitter.
Por ello, de cara a la nueva legislatura, Pares vaticina varios escenarios. «El más probable» es que Petro busca «negociar al menudeo el Congreso» sin modificar las reformas mientras presiona desde las calles con marchas como las convocadas en los últimos meses y que podría llevar al Pacto Histórico a perder las elecciones locales de octubre.
El segundo escenario es volver a la negociación con partidos tradicionales y moderar las reformas, y el tercero es que el Gobierno renuncie a las reformas y se concentre en las elecciones locales, aunque parece improbable de un autodenominado «Gobierno popular del cambio»
