Colombia se encuentra en una situación delicada respecto a los Juegos Panamericanos programados para Barranquilla en 2027, ya que la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) retiró la sede debido a incumplimientos en los pagos por parte del Gobierno de Petro.
En un intento por recuperar la sede, el presidente Petro ha tomado personalmente la iniciativa de liderar el plan para realizar los Juegos. No obstante, esta intervención podría tener consecuencias negativas, ya que el reglamento del Comité Olímpico Internacional (COI) prohíbe la intervención directa de gobiernos en asuntos olímpicos y podría resultar en sanciones para el país.
La Carta Olímpica establece claramente que los miembros del COI no deben aceptar órdenes ni instrucciones de gobiernos que comprometan su libertad de acción y voto. En este contexto, la intervención directa del presidente Petro podría considerarse una violación de estas normativas.
A pesar de la intención del presidente de recuperar los Juegos y de su reconocimiento de errores en el manejo de los pagos, el COI podría aplicar sanciones si considera que se ha infringido su reglamento. Sin embargo, los acercamientos diplomáticos, que parecen ser la estrategia del gobierno, son aceptados dentro de los límites establecidos por el COI.
En consecuencia, se espera que el Gobierno de Colombia actúe con precaución y respete las normativas olímpicas para evitar posibles sanciones y mantener la posibilidad de albergar los Juegos Panamericanos en Barranquilla.
