Las acciones investigativas llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación han permitido identificar a los principales responsables de la deforestación en la zona de transición forestal entre la Orinoquía y la Amazonía. En este contexto, se puso al descubierto una red denominada 'Los Taladores', señalada por la destrucción de grandes extensiones de bosque nativo en la Reserva Nacional Natural Nukak, ubicada en Guaviare.
Como resultado de un trabajo conjunto con la Policía Nacional, siete presuntos integrantes de esta organización fueron capturados, mientras que otro de los indiciados, Yamid Garzón Mayor, se entregó a las autoridades. Entre los judicializados se encuentra Serafín Ardila González, quien sería el coordinador de las operaciones ilegales de tala, transformación y distribución de la madera obtenida en la reserva.
Ardila González es acusado de coordinar la actividad ilegal, incluyendo la entrega de dinero a ciertos funcionarios para que permitieran la tala indiscriminada y alertaran sobre las operaciones de la fuerza pública en la región. Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías, imputándoles delitos como aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir agravado, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
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Según los elementos de prueba recopilados por la Fiscalía, ‘Los Taladores’ habrían devastado 750 hectáreas de diversas especies arbóreas en las veredas Japón y Nueva Primavera, zonas protegidas por su valor ecológico. En estos lugares, al parecer, la madera era extraída y transportada en vehículos de tracción animal hacia puntos de acopio clandestinos, donde se transformaba en vigas, tablas y trozas.
Posteriormente, los productos obtenidos de la tala ilegal eran movidos hacia San José del Guaviare y El Retorno, donde se convertían en listones y muebles que se comercializaban en ciudades como Bogotá y Villavicencio. Este esquema de operación permitía a la red distribuir la madera ilegal en distintas partes del centro y oriente del país.
Además de Ardila González, entre los investigados se encuentran Dora Melba Camelo, quien estaría encargada de la logística para el transporte y venta de la madera, y Yamid Garzón Mayor, señalado socio del cabecilla y responsable de conseguir los salvoconductos necesarios para el traslado de los productos. Otros presuntos miembros de la red incluyen a Omar Augusto Sierra, Johan Alirio Amaya Sánchez, Juan Pablo Quiñónez, Julio Israel Aguirre y Rodrigo Espitia Gachagoque, vinculados al transporte y obtención de la madera en la reserva.
De los ocho procesados, Yamid Garzón Mayor aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, mientras que el resto de los implicados continúan enfrentando el proceso judicial en su contra.
