Las amenazas, agresiones, retención de salarios y la presión para que firmen actas de "acuerdos compartidos" son algunas de las situaciones que viven las autoridades mujeres en Bolivia, una realidad que aumentó en 2023 registrándose 151 casos de acoso y violencia política.
Las mujeres, especialmente las concejalas y alcaldesas, sufren coacción para no ejercer sus cargos y para que no fiscalicen el trabajo de sus colegas, muchas viven agresiones verbales, físicas, psicológicas, reciben amenazas y presiones constantes para que terminen renunciando y así sus suplentes hombres tomen el cargo.
"Desde cualquier punto de vista como Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) repudiamos el accionar de estos actos violentos que van sucediendo a lo largo del tiempo del mandato de nuestras autoridades mujeres", dijo la presidenta de la asociación, Josefina Velásquez.
En 2023 la Acobol contó 151 casos de acoso y violencia política a nivel nacional, 75 casos más que los registrados en 2022.
La mayoría de los casos suceden en el área rural donde sus colegas hombres "presionan" o de alguna forma engañan a las concejalas para hacerles firmar documentos en blanco o los "acuerdos de gestión compartida", en el que aceptan "ceder" su cargo a sus suplentes a la mitad de su gestión o incluso antes, mencionó Velásquez.
Estos "acuerdos de gestión compartida" "no están reconocidos por ninguna ley", por lo que no es legal, pero en algunos casos incluso estos documentos llegaron a tener sellos de notarías de fe pública para que parezcan "válidos" y para que las mujeres cumplan con su compromiso.
Algunos argumentan que de acuerdo a los "usos y costumbres" en el área rural deben "rotar" para ser autoridades, y cuando denuncian la situación son presionadas para callar o cuando comienzan a fiscalizar el trabajo de sus colegas o tienen liderazgo las comienzan a hostigar, comentó Velásquez.
Cuando las mujeres denuncian ante el Ministerio Público que no les dejan ejercer sus funciones mientras viven acoso y violencia política, en algunos casos, la Policía tarda en investigar los casos o sencillamente dicen que "no son relevantes".
"Aún vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad muy machista, sin embargo hay la necesidad de cambiar la mentalidad para que futuras autoridades mujeres electas legalmente y de manera legítima puedan ejercer sus cargos plenamente con toda libertad", indicó la presidenta de Acobol.
