Abogado, exministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
En Colombia, existen muertos de primera y de segunda y en nuestra mentalidad parroquial las personas que perdieron la libertad dejaron de ser personas para convertirse en menos que animales. En redes, cuando existe una denuncia por maltrato animal, existen ejércitos que manifiestan su indignación, en Colombia la noticia de la muerte de 23 ciudadanos en una cárcel no genera por lo menos reflexiones y las mínimas exigencias de responsabilidad política.
Tuvo que pasar un mes de la cuarentena por el Coronavirus, y que cobrara tres vidas en la cárcel de Villavicencio para expedir un decreto que no sirve para nada. Cuando la pandemia empiece a tocar puerta por puerta de los demás centros carcelarios la situación será devastadora y estaremos expuestos a una catástrofe sin precedentes.
Las cifras de hacinamiento en Colombia reportadas por el INPEC superan el 48 %, sin embargo, en nueve establecimientos supera el 200 %, llegando a extremos como los de Andes y Riohacha donde se supera el 350 %, es decir, que en donde debería haber un interno hay cinco, lo cual vulnera la dignidad humana y para el Estado implica una posición de garante frente a la población carcelaria. La propia ONU ha señalado la grave situación que afecta a las cárceles y que la protección de los internos frente al COVID-19 es precaria.
Todo ello exige que se adopten medidas urgentes para dar solución a la crisis carcelaria, que impliquen además de la concesión de prisión domiciliaria a las personas que hayan cometido delitos menores, una serie de medidas urgentes para evitar que se exponga a los internos al virus. Dentro de los instrumentos penitenciarios puede aplicarse audiencias virtuales, la suspensión de los traslados, la revisión urgente de los presos que deben estar en libertad por pena cumplida, el escalonamiento de las visitas para evitar aglomeraciones y su limitación por números y el apoyo a la guardia, pues en toda Latinoamérica se están presentando amotinamientos. Dentro de los mecanismos penales es esencial que la Fiscalía, los jueces y los medios de comunicación sean conscientes que solamente se puede solicitar y ordenar detenciones preventivas en casos graves. Por ello no tiene sentido adoptar todas estas medidas si se pretende enviar a la cárcel a quienes violen la cuarentena, pues ello dispararía nuevamente las cifras de hacinamiento. Para sancionar a los irresponsables se pueden aplicar multas o sanciones administrativas pero no la cárcel.
Nada de esto se hizo, por el contrario el decreto 546 del 14 de abril, profundiza la crisis, olvidando la Ministra de Justicia, que según la encuesta de Ipsos, la justicia es el sector en el que menos confían los colombianos con solo un 20 % de aprobación, y esto se debe a decisiones como esta, que hacen nugatorio los más mínimos derechos fundamentales.
Ministra, si en una crisis no fue capaz de sacar un simple decreto que efectivamente aliviara la realidad carcelaria, el futuro de la tan prometida Reforma a la Justicia parece devastador. Como en Macondo, los muertos y los expedientes se abalanzan literalmente sobre los funcionarios judiciales cayendo de torres de varios metros de altura, como si buscaran un poco de atención luego de años de olvido.
