La semana pasada hubo un principio de acuerdo entre el Gobierno Nacional y los partidos Conservador, Liberal y de la U para sacar adelante la reforma a la salud.
Por: Luis Jaime Salgar Vegalara. Mejor Así
Uno de los aspectos convenidos consistiría en asegurar la conservación de las EPS’s, ahora con otro nombre, distintas funciones y sin hacer gestión de los recursos públicos requeridos para la prestación del servicio.
Al parecer -y mientras no haya una propuesta conjunta o al menos un proyecto viable de reforma- habría acuerdo en relación con varios aspectos- sin lugar a dudas valiosos como el enfoque preventivo de la salud, el fortalecimiento de la atención primaria y el mejoramiento de las condiciones laborales de los profesionales de la salud-, aunque también aceptación por parte de los partidos políticos de que a las nuevas entidades se les quitaría la función de administrar los recursos que el Estado proporciona para el adecuado funcionamiento del sistema.
Es llamativo que haya consenso sobre este punto en concreto en la medida en que implica un reconocimiento tácito de la tesis según la cual no se puede confiar a los particulares la ejecución de los dineros del Estado. Se trata de una tesis que subyace en muchas de las propuestas del actual gobierno, desde la reforma a la salud hasta sus iniciativas en relación con la regulación de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios.
Se trata, también, de una propuesta peligrosa, que facilita la expansión del Estado sin que haya pruebas objetivas que sustenten la efectividad de tal decisión. La contraposición de un sector privado imperfecto con un sector público perfecto es una quimera comprobada y vuelta a comprobar de manera consistente desde hace cerca de un siglo.
El sector público y el sector privado no son -como parece entenderlo la administración Petro- dos universos contrapuestos entre sí, sino dos ejes -quizá los dos ejes centrales- alrededor de los cuales gravitan las sociedades. Los sistemas democráticos admiten cierto acento a favor del uno o del otro. Con frecuencia esos acentos varían en una u otra dirección. No obstante, dejamos de estar en una democracia cuando a cualquiera de los dos se le cercena su espacio, cuando se erosionan los pilares básicos requeridos para su adecuado funcionamiento.
Los beneficios que han traído las EPS’s al sistema de salud son innegables. El avance que ha logrado el país en las últimas tres décadas en materia de cobertura y calidad es enorme. La salud dejó de ser un privilegio, una dádiva o una moneda de cambio útil para la adquisición de votos o de otros favores y se convirtió un derecho que protege a los colombianos y que los colombianos podemos exigir a través de los canales administrativos y judiciales previstos para ello.
Claramente, no es un sistema perfecto (¿alguno lo es?). Ha habido errores y muchos. El hecho de que la salud sea el derecho que mayores tutelas concentra es prueba de ellos. La negativa o la demora en que en no pocas ocasiones incurren algunas de las EPS’s en la asignación de citas, tratamientos y medicamentos son vicios que se deben superar. La integración vertical es problemática.
No obstante, pensar que estos errores, vicios y defectos van a desaparecer por el hecho de pasar la administración de los recursos de la salud -al menos, lo de naturaleza pública- a las nuevas entidades encargadas de la gestión del servicio es una ingenuidad.
La idea de que el sector privado es avaro e insensible mientras que el público es generoso y empático no es más que un falso prejuicio que se repite una y otra vez. El empeño de Petro de arrinconar a los particulares es un craso error. Las acciones que ya se han ejecutado para reducir los espacios de la empresa privada nos perjudican a todos: a los usuarios de los servicios, a las empresas y al propio Estado. Así sucedió en su Alcaldía con la recolección de los residuos sólidos. No permitamos que la salud sufra, ella misma, esta dolora enfermedad.
