En el gobierno de Petro, parece que los grandes beneficiarios son los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Según un anuncio en la página del DAPRE, el Gobierno se compromete a cumplir sus promesas políticas con esta organización por un monto total de 1.3 billones de pesos, en el marco del plan cuatrienal 2023-2026.
Desde la Unidad Investigativa de Salvación Nacional, hemos examinado los convenios que supuestamente ejecutarán este gigantesco presupuesto. Algunos contratos nos han sorprendido y otros han encendido todas nuestras alarmas.
Hace ya un tiempo, denunciamos el primero de varios convenios que consideramos sospechosos y cuestionables. Se trata de un contrato entre el Ministerio de Educación y el CRIC por un valor total de 180 mil millones de pesos, destinado, según se afirma, a fortalecer el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP).
Sin embargo, los desembolsos anuales de aproximadamente 45 mil millones no están destinados a pagar la nómina de los maestros, mejorar la calidad educativa o construir infraestructuras.
En lugar de eso, los exorbitantes recursos se destinarán a la elaboración de memorias, escritos (sin ningún propósito aparente), largometrajes y mochilas.
Es desalentador que semejante esfuerzo fiscal no se dirija a mejorar los deficientes indicadores educativos de las instituciones bajo el SEIP, que se encuentran entre los peores del país.
Adicionalmente, los recursos se utilizarán para fortalecer el activismo político-educativo de una organización claramente petrista, cuestionada por sus vínculos con organizaciones criminales y corrupción interna.
La ejecución de este convenio por parte del CRIC, con entregables en especie, carece de control fiscal riguroso. En su lugar, habrá una supervisión realizada por un funcionario designado por el Ministerio, sin garantías claras de transparencia.
Lo más preocupante es que el CRIC tendrá la capacidad de subcontratar estos recursos, lo que plantea serias dudas sobre la gestión y uso adecuado del dinero. La falta de control y supervisión sugiere una posibilidad de mal manejo o incluso corrupción.
Nos preguntamos, ¿cuál es el verdadero propósito de estos fondos? ¿Podría ser para financiar la militancia del CRIC? ¿O tal vez para preparar un cofre electoral para 2026? Es posible que todas estas opciones sean válidas.
Finalmente, más allá de estas especulaciones, es esencial que el Ministerio de Educación aclare las siguientes preguntas:
¿Por qué el CRIC recibe estos acuerdos y convenios en detrimento de otros cabildos y organizaciones indígenas?
¿Acaso se requiere ser petrista para recibir apoyo estatal?
Quedamos a la espera de una respuesta del nuevo ministro Daniel Rojas.
