«Nada que sea más oportuno e importante en los próximos debates electorales que darles un castigo ejemplar a los corruptos»
POR: Víctor G. Ricardo
La idea de cómo la corrupción es algo que afecta solo presupuestos y fondos del Estado o de incremento de la riqueza de algunos privilegiados, mediante la intervención de grupos de poder en provecho de sus patrocinadores, olvida una consecuencia básica de descomposición social y es la afectación a los derechos humanos de la población.
Esta idea generalmente propuesta y defendida por las legislaciones de los estamentos que favorecen la desviación de las responsabilidades penales de la corrupción, hacia las normas civiles cuyas sanciones solo llegan a la recuperación de parte de los activos extraídos de los fondos públicos o simplemente ajenos, logra desviar la atención de la profundidad del daño a la naturaleza misma de la sociedad en su significado más profundo.
Separar la afectación de los derechos humanos de los actos de corrupción es una herramienta que se ha establecido como una actitud permisiva de un sector social capaz de alterar el flujo de bienes, producto de la sana capacidad a un sistema que logre alterar el equilibrio de la libertad de competencia y el triunfo de la creatividad que robustece la sociedad. ¿Cómo se logra ello? Primordialmente favoreciendo soluciones antidemocráticas que buscan alejar el escrutinio social en la adjudicación de oportunidades y privilegios, tendencia que debería ser declarada delito de “Lesa Humanidad”.
Como se estableció en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ha quedado escrito como “la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencia corrosiva para la sociedad. Socaba la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
Es claro como la corrupción es una pandemia social que no tiene límites geográficos ni culturales, creada en gran medida por los superestados que hoy denominamos “Sociedades Multinacionales”, allí entre ellas se recrea el caos de la falta de castigo, cuando las acciones se generan dentro de una legislación para aplicarse en conjuntos económicos ajenos a la acción que las genera y permite. Y entonces las obligaciones de proteger los derechos humanos parecerían que son menos relevantes que las obligaciones de cumplir, cuando la corrupción es en su origen una violación sistemática de los derechos de la sociedad o mejor de los derechos humanos.
Las obligaciones de una sociedad empoderada por la ley en muchos casos, permite oscurecer la norma que obliga a prevenir y proteger la comunidad del vandalismo social, de allí surgen fuerzas grises que, aprovechando la disminución de responsabilidades y la admiración social por el éxito sin estudiar sus orígenes, generan grupos sociales que se autoestimulan en actividades antisociales que no se castigan, porque gran parte de ellas buscan su repetición en provecho propio. Grupos antisociales que generan hoy admiración por el éxito sin considerar su génesis.
La conductividad social actual olvida como la verdad y la política no siempre son compatibles y en esta realidad se emparan los dirigentes cuyo carácter es comprado y tergiversado al permitir confundir éxito con realización.
La desviación de recursos creados por la corrupción se aplica primordialmente a los flujos monetarios y de bienes proyectados a los estamentos carentes del poder de protesta que deben conformarse con lo recibido bajo la premisa que aunque no son suficientes sin embargo, son gratuitos olvidándose que dicha realidad elimina el progreso social, es decir rotulémoslo como lo que es; una violación de los derechos humanos básicos, germinando la aparición de la pobreza y el hambre, es decir el más importante de los derechos humanos como es derecho a sobrevivir y en resumen a la vida.
Nada que sea más oportuno e importante en los próximos debates electorales que darles un castigo ejemplar a los corruptos, votando por los candidatos a ser presidente y vicepresidente de la República, solo por quienes no estén comprometidos en actos de corrupción y además estén comprometidos en que no falle la justicia ni los órganos de investigación del Estado, de manera que se castiguen a los corruptos de manera drástica y como se lo merecen. Solo derrotando la corrupción y por tanto a los corruptos, lograremos defender nuestras instituciones, el Estado de derecho y el restablecimiento de los valores, y que la ética y moral nos conduzcan a un país donde impere el orden y las buenas acciones.
