Esta semana estalló una polémica con la captura de siete cabecillas disidentes de las Farc, quienes viajaban en una caravana protegida por vehículos y personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia.
Inicialmente, las autoridades informaron que estas personas fueron detenidas en flagrancia mientras transportaban armas y grandes sumas de dinero en efectivo. Sin embargo, horas después, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la liberación de tres de los detenidos, generando controversia y debates sobre la situación.
La fiscal general Luz Adriana Camargo indicó que, según la Resolución 0282 del 4 de julio de 2024, las órdenes de captura contra estos individuos han sido anuladas, por lo que no podrán ser detenidos incluso si son sorprendidos en flagrancia.
Entre los capturados y luego liberados por orden de la fiscal se encuentran Wender Yosony Duque, alias Oliver González, líder de la comisión del frente Raúl Reyes; Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, jefe del frente Rodrigo Cadete; y Erilinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, cabecilla de la subestructura 18. Este último admitió portar un arma ilegal, según informó el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
La fiscal Camargo fue contundente: "de acuerdo con la Resolución 0282 del 4 de julio de 2024, las órdenes de captura contra estos sujetos están levantadas y no podrán ser capturados así sean sorprendidos en flagrancia". Lo que deja la puerta abierta para que cualquier negociador que sea capturado cometiendo un delito sea dejado en libertad. Sea cual sea su crimen.
Por último, Camargo enfatizó que este documento y la orden solo se aplican a la detención y no eximen al cabecilla disidente de seguir involucrado en la investigación por el presunto delito de porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo la discusión está servida.
