El documento impulsado y patrocinado por el gobierno colombiano, que contó con el apoyo de Chile, Costa Rica, Ecuador, EE.UU y decenas de países europeos, fue aprobado por el Consejo de Derechos HUmanos de Naciones Unidas. Esta resolución tiene como objetivo solicitar un apoyo mayor para implementar el Acuerdo de Paz de Colombia del 2016.
En este texto el gobierno colombiano reconoció que hay dificultades para implementar el acuerdo y, por esa razón, solicitó cooperación técnica con la ONU y con la comunidad internacional para poder implementar las recomendaciones que hizo la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.
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El gobierno de Colombia también realizó una invitación al alto comisionado de la ONU para los DDHH, el austríaco Volker Türk, y al secretario general, Antonio Guterres, para que a través de sus cargos ayuden a implementar las recomendaciones que propusieron los expertos internacionales en el anterior Consejo que se llevó a cabo en abril de este año. En ese encuentro se recalcó la necesidad de crear instituciones de alto nivel para liderar la implementación y, a su vez, coordinar las entidades gubernamentales del gobierno para lograrlo.
Tres de los problemas críticos a solucionar, que están manifiestos en el documento, son los ataques contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, excombatientes y opositores políticos", ya que desde el año 2022 se han registrado 200 homicidios contra ellos; también el reclutamiento y la utilización de niños por parte de grupos armados no estatales y delincuencia organizada, especialmente en las zonas rurales del país; y la falta de acceso a la garantía de los derechos humanos por parte de las poblaciones más vulnerables.