El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia enfrenta desafíos significativos, según un reciente informe de la Contraloría General de la República. De acuerdo con los datos recopilados por las 31 Gerencias Departamentales Colegiadas de la Contraloría, con fecha de corte al 30 de mayo de 2024, aproximadamente 5.9 millones de niños, niñas y adolescentes son beneficiarios del servicio de alimentación escolar en el país. Sin embargo, el informe revela que 6 de las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) presentan novedades que han afectado a alrededor de 229,000 estudiantes, quienes no han recibido el servicio de alimentación escolar.
Entre las deficiencias identificadas, se destaca la situación en Antioquia, donde se suspendió la atención del PAE en varios municipios no certificados, afectando a 3,474 estudiantes. En el departamento del Cauca, la contratación para la atención del PAE Indígena se encuentra suspendida desde abril, perjudicando a aproximadamente 65,000 estudiantes. En el Magdalena, se reportan problemas tanto en el municipio de Fundación como en Santa Marta, donde no se ha logrado la concertación del PAE con varios pueblos indígenas.
El informe también señala que 36 ETC no iniciaron oportunamente el servicio del PAE. De estas, 15 ETC (8 del PAE Mayoritario y 7 del PAE Indígena) comenzaron la prestación del servicio con más de 30 días calendario de retraso. Adicionalmente, 21 ETC (10 del PAE Mayoritario y 11 del PAE Indígena) iniciaron con un retraso mayor o igual a 10 días calendario, incumpliendo lo establecido en la Ley 2167 de 2021. Esta situación afectó a cerca de 1.5 millones de estudiantes en todo el territorio nacional, principalmente población vulnerable de áreas urbanas y rurales.
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La Contraloría General ha identificado once hallazgos con incidencia fiscal por valor de $4,181 millones en relación con el PAE durante el primer semestre de 2024, correspondientes a la vigencia 2023. Estos hallazgos evidenciaron fallas en la ejecución contractual (63%), especialmente en la operación del PAE Indígena en el departamento de Nariño. También se observaron falencias en las funciones de vigilancia y control del programa, relacionadas con el suministro de raciones alimenticias en períodos de receso escolar.
Además, se detectaron sobrecostos en la prestación del servicio asociados a mayores valores pagados a las manipuladoras de alimentos y en el cálculo de costos de operación. Estos hallazgos fiscales se concentraron principalmente en la Región Pacífico, específicamente en la ETC Nariño (84%), y en la Región Eje Cafetero, en la ETC Quindío (14%).
La Contraloría General de la República ha lanzado una alerta sobre el posible riesgo de interrupción del PAE para el segundo semestre de 2024. Con fecha de corte 30 de mayo de 2024, se observa que 19 Entidades Territoriales Certificadas presentan contratos vencidos o con fecha de vencimiento inferior a 30 días calendario para la prestación del servicio de alimentación escolar, tanto para la población mayoritaria como indígena. Entre las ETC en esta situación se encuentran Antioquia, Apartadó, Bello, Soledad, Duitama, Tunja, Yopal, Cauca, Chocó, Funza, Magdalena, Santa Marta, Meta, Pasto, Cúcuta, Quindío, Cartago, Valle del Cauca y Vichada.
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Ante esta situación, la Contraloría General de la República ha hecho un llamado a todas las ETC mencionadas para que cumplan con los procesos contractuales que garanticen la continuidad y oportunidad de la prestación del servicio durante todo el calendario escolar. Esta medida busca evitar la afectación de aproximadamente 1.1 millones de estudiantes regulares y 73 mil niños, niñas y adolescentes indígenas que dependen del Programa de Alimentación Escolar para su adecuada nutrición y permanencia en el sistema educativo.
