La Corte Constitucional le ha dado un plazo al Gobierno del presidente Petro, para que en el plazo de un mes, presente de manera exhaustiva el 'plan de acción' destinado a enfrentar la crisis surgida por la muerte de menores de edad en el departamento de La Guajira.
Esta determinación se tomó tras la revisión por parte de la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional del documento relacionado con el Plan de Acción Integrado y Unificado.
La Corte recalca que la solución a la crisis requiere de todas las entidades públicas y en su decisión, señalan: "Ordenar a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Departamento de La Guajira y a los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, como entidades obligadas, ajustar el Plan de Acción Integrado y Unificado".
La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional advirtió que aunque el plan intenta ser integrado y articulado, el desarrollo de los derechos fundamentales no muestra evidencias de haber sido abordado con el mismo rigor. En particular, señaló que "se estudiará con detalle los derechos a la información, la seguridad alimentaria, el agua, la salud y la movilidad".
El expediente (T 302 – 2017), revela una crisis humanitaria grave, especialmente entre la comunidad indígena wayú, con tasas de mortalidad infantil por desnutrición que superan significativamente el promedio nacional. La Corte enfatizó "las acciones propuestas frente a cada derecho deben regirse por unos objetivos, parámetros técnicos y condiciones que obligan a un juicio minucioso para conseguir su aprobación".
Anteriormente, la Corte Constitucional había emitido medidas cautelares de protección para los menores en riesgo en La Guajira, así como la disposición de un Plan Provisional de Acción por parte de varias entidades.
