Más de 1.600 residentes del municipio de Atrato buscan reparación económica por los estragos causados por la minería ilegal de oro, que ha contaminado el río Atrato durante las últimas dos décadas. Enfrentando graves enfermedades, falta de acceso a agua potable y contaminación de alimentos, la comunidad exige responsabilidad al Estado colombiano.
A pesar de una histórica sentencia de la Corte Constitucional en 2016 que declaró al río Atrato sujeto de derechos para su protección, la desbordada minería ilegal continúa afectando gravemente el ambiente y la salud de las comunidades que viven a lo largo del río.
La demanda, que se encuentra en el Tribunal Administrativo de Antioquia bajo la magistratura de Adriana Bernal Vélez, busca una reparación económica cercana a los $220.000 millones en caso de que la comunidad gane el pleito.
La minería ilegal, impulsada por grupos criminales que utilizan mercurio para extraer oro, ha contaminado el río Atrato, generando graves problemas de salud para las comunidades locales y afectando la calidad del agua y alimentos.
Colombia se encuentra en el tercer lugar a nivel mundial en la liberación de mercurio, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a la minería ilegal. A pesar de la prohibición del mercurio en 2018, la contaminación persiste.
La acción judicial detalla los impactos ambientales, la pérdida de selvas, la contaminación de aguas y peces, así como las dificultades para obtener agua potable, afectando la vida cotidiana de la comunidad de Atrato.
La defensa del Gobierno argumenta falta de pruebas y cuestiona la validez de las fotografías presentadas por los demandantes, alegando que no demuestran técnicamente las afectaciones específicas causadas por las entidades demandadas.
El Tribunal Superior de Antioquia deberá determinar, durante este año, si el Estado colombiano es responsable de no abordar adecuadamente la crisis ambiental en el río Atrato y si debe compensar a la comunidad afectada.
