La Procuraduría General de la Nación ha emitido un fuerte llamado de atención ante el claro desacato del presidente Gustavo Petro a la sanción impuesta al canciller Álvaro Leyva Durán el pasado 24 de enero. A pesar de la sanción de tres meses de suspensión de su cargo, Leyva continúa ejerciendo sus funciones, lo que, según el viceprocurador General, Silvano Gómez Strauch, pone en riesgo el Estado Social de Derecho, la Constitución y la ley.
La Sala de Disciplina de la Procuraduría General suspendió al Canciller por tres meses y le abrió pliego de cargos debido a presuntas irregularidades en el proceso licitatorio de los pasaportes. Sin embargo, tanto el presidente Petro como el canciller Leyva han desacatado la decisión, con el canciller aún firmando circulares y decretos.
Gómez Strauch enfatizó que la Constitución Política establece un marco imperativo que rige la estructura del Estado, y las autoridades deben cumplir y hacer cumplir la Carta Política y las leyes. Considera que estas actitudes debilitan la Constitución, erosionan la legitimidad y contribuyen al deterioro del orden jurídico.
La Procuraduría reitera su papel como órgano de control y defensor del ordenamiento jurídico, subrayando la responsabilidad de todos los servidores públicos de acatar las decisiones y respetar el Estado de Derecho.
La defensa de Leyva Durán ha presentado un documento de 22 páginas solicitando la revocación de la suspensión y evaluando un impedimento de la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, para conocer una segunda instancia. El abogado argumenta que existen otros mecanismos para evitar la participación de Leyva en el proceso licitatorio y cuestiona la celeridad con la que se tomó la decisión de suspenderlo.
La Procuraduría advierte sobre la gravedad de esta situación y la posible afectación del orden jurídico, mientras persiste la tensión entre la sanción impuesta y la respuesta de la presidencia y el canciller.
