La Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos formales contra Rodolfo Hernández Suárez y su esposa, Socorro Oliveros, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Hernández para el período 2022.
Los cargos incluyen la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, una acusación que podría tener implicaciones legales significativas para ambos involucrados.
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Según las investigaciones de la Fiscalía, Socorro Oliveros, quien fungió como gerente de la campaña presidencial de Hernández, habría permitido que el exalcalde realizara aportes en efectivo a su propia campaña por un valor de 127 millones de pesos. El ente acusador sostiene que estos aportes se efectuaron a pesar de que Hernández ya enfrentaba acusaciones penales desde mayo de 2021, lo cual constituiría una violación de las normativas que rigen el financiamiento de campañas electorales en Colombia.
El proceso judicial se encuentra en sus etapas iniciales, y tanto Hernández como Oliveros han ejercido su derecho a la defensa, negando los cargos que les fueron imputados en enero de 2024. La evolución de este caso podría tener repercusiones en el ámbito político y legal del país, especialmente en lo concerniente a las regulaciones sobre financiamiento de campañas electorales.
