Tras confirmarse que la Registraduría Nacional adjudicó un contrato millonario al Grupo Disproel, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, informó que interpondrá una denuncia penal. El contrato, valorado en $41 mil millones y relacionado con asuntos electorales, incluye a la firma Thomas Greg & Sons, lo que ha generado cuestionamientos sobre el proceso de selección.
Idárraga señaló que será la justicia penal la encargada de determinar las responsabilidades en esta adjudicación. "Radicaré denuncia penal por esta millonaria adjudicación, ante la posible contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales", afirmó. Según el funcionario, podrían haberse vulnerado principios establecidos en la ley 80 de contratación pública.
Desde inicios de octubre, Idárraga había advertido sobre posibles irregularidades en el proceso de selección del contrato, que limitaban la participación de otros oferentes. A pesar de sus solicitudes para suspender la audiencia de adjudicación, el proceso continuó, lo que llevó al funcionario a pedir investigaciones adicionales.
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El secretario también solicitó a la Procuraduría General que se investigue la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios involucrados en la adjudicación. Además, acudirá a la Contraloría General para solicitar una auditoría del proceso, destacando posibles irregularidades en la estimación de valores del contrato.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, había cuestionado previamente este proceso licitatorio. El mandatario señaló que la multinacional Thomas Greg & Sons ha sido contratada por la Registraduría en 26 de 27 ocasiones, sin competencia en la mayoría de los casos. Este historial de adjudicaciones ha generado críticas por su impacto en los próximos comicios presidenciales.
La denuncia penal y las solicitudes de investigación buscan garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública y asegurar que se cumplan los principios establecidos en la normativa estatal.
