Además de las 55 muertes de menores de 5 años de enero a septiembre, de los cuales el 93 % eran indígenas (43 wayúu, 3 wiwa, 2 kogui y 1 arhuaco), según las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), también se han registrado cerca de 2.000 casos de desnutrición aguda moderada y severa en niñas y niños de esas edades.
Esto supone un aumento del 47 % en comparación con los datos de enero a septiembre de 2022 cuando se registraron 1.360.
Estas cifras son "el resultado de la ausencia de políticas públicas integrales y de una respuesta sólida estatal que permitan la construcción de planes de acción que tengan en cuenta las necesidades y contextos propios de la población indígena del departamento", consideró el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado.
Esta oficina considera que hacen falta más "opciones productivas sostenibles para la población más vulnerable" y también que haya un "acceso continuo al agua potable con una amplia cobertura", expresó Camargo.
Declaración de emergencia
Para hacer frente a esta situación de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, el presidente, Gustavo Petro, decidió declarar en julio la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.
Sin embargo, hace 3 semanas la Corte Constitucional declaró este decreto inconstitucional, pero decidió ordenar al Gobierno que tome "las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira".
Petro había decretado la emergencia en ese departamento caribeño alegando que "se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos" anunciaban "una sequía que antes nunca se había visto en La Guajira, que agrava el fenómeno de El Niño y la crisis climática".
El objetivo del mandatario era utilizar este mecanismo en esa región desértica ante las condiciones que allí se viven, especialmente la falta de acceso al agua y los más altos índices de pobreza del país, así como el mayor número de muertes de niños por desnutrición.
Esta herramienta le permite aprobar decretos que, usualmente, deberían pasar antes por el Congreso.
Con información de EFE.
