La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP ha emprendido una importante labor de búsqueda en la vereda La Linda, ubicada en el corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia. Esta iniciativa surge como resultado de los testimonios proporcionados por cuatro ex-integrantes de las FARC-EP en el marco del Caso 04, que se centra en la investigación de la situación territorial en la región de Urabá. La magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín encabezó la diligencia, contrastando in situ la información obtenida durante las declaraciones previas de los comparecientes.
El proceso de excavación se llevó a cabo en dos puntos de interés forense previamente identificados. Esta decisión se tomó tras un minucioso análisis de los testimonios proporcionados por los firmantes de paz, quienes en sus versiones señalaron posibles lugares de enterramientos clandestinos en la zona rural del corregimiento. Los primeros indicios surgieron durante las versiones colectivas realizadas en Urabá entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2024, en las que participaron Jhoverman Sánchez Arroyave, Huldar de Jesús Montoya Borja y Wilmar de Jesús Cartagena. Posteriormente, el 8 de julio, el compareciente Arnoldo Montoya Borja aportó detalles adicionales que terminaron de orientar la intervención.
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Los resultados de las excavaciones fueron mixtos. En el primer punto intervenido, tras una exhaustiva jornada de trabajo, no se encontraron restos humanos. Sin embargo, gracias a la información proporcionada por la comunidad local, se identificaron nuevos posibles lugares de inhumación, lo que permitirá continuar con la labor de búsqueda en el futuro. En el segundo punto, los esfuerzos dieron fruto con el hallazgo del cuerpo de una persona, junto con las prendas que llevaba al momento de su desaparición. Tras el descubrimiento, se procedió a la exhumación y traslado del cuerpo a Medicina Legal para su identificación y análisis.
La diligencia judicial contó con la presencia de dos posibles familiares de la víctima, quienes participaron como observadores en las jornadas de prospección y exhumación. La operación fue posible gracias al apoyo de diversas entidades, incluyendo la Gobernación de Antioquia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del programa Restaurando Nuestro Futuro (ROF).
