En un giro significativo, el juez sexto penal municipal de Santa Marta, Carlos Humberto Coy Domínguez, ha dictaminado la liberación inmediata del exsenador barranquillero Arturo Char Chaljub. Esta decisión se produce en respuesta a un habeas corpus presentado por la defensa de Char, argumentando que los 120 días legalmente establecidos para resolver su situación jurídica ya habían transcurrido sin una decisión.
El caso ha revelado tensiones internas en la Corte Suprema de Justicia, donde dos magistrados ofrecieron respuestas opuestas al juez Coy Domínguez. Mientras el magistrado Marco Antonio Rueda Soto se oponía a la liberación, alegando que los 120 días se cumplirían el 8 de febrero debido a dilaciones atribuibles a la defensa, la magistrada Cristina Lombana presentó una respuesta diferente, indicando que los términos se vencían el 4 de enero y que el magistrado Rueda no hablaba por las mayorías en la Sala Especial de Instrucción.
La defensa de Char se adelantó con el habeas corpus, que finalmente ha sido concedido por el juez Coy Domínguez. La Procuraduría respaldó la posición de Lombana, señalando que matemáticamente los 120 días se habían desbordado.
La liberación de Arturo Char, quien fue trasladado de La Picota a una cárcel militar en Santa Marta, no implica la finalización de su vinculación al proceso, pero le permite ejercer su defensa en libertad después de haber pasado 123 días detenido. Char enfrenta cargos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir.
La condenada exsenadora Aida Merlano figura como testigo de cargo en este caso que involucra a Arturo Char, miembro de una influyente familia política vinculada a Cambio Radical. La resolución del juez destaca la importancia de evaluar si la dilación en el proceso es injustificada y si la detención preventiva resulta desproporcionada, subrayando el papel de los jueces constitucionales de control de garantías en estos casos.
La liberación inmediata de Arturo Char plantea nuevas interrogantes sobre el desarrollo futuro de este caso y las repercusiones que podría tener en el ámbito político y judicial en Colombia.
