La Fundación United For Justice es una entidad sin ánimo de lucro y que tiene sede en la ciudad de Bogotá. Vela por la defensa de los derechos de familia; lucha contra la violencia doméstica y el respeto de los derechos de los niños. Tiene presencia en Colombia desde el 2014, como una organización no gubernamental y cuenta con un estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Su destacado trabajo ha sido reconocido en países como Panamá, Guatemala, Costa Rica, México, entre otros.
La abogada Margarita Rey es la fundadora de United For Justice y desde su creación lucha por el respeto de los derechos humanos. Su trabajo la llevó a que el 25 de mayo de 2022 presentara un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado colombiano que ha sido incapaz de brindarle protección jurídica a una madre que ha soportado una situación de extrema vulnerabilidad, por cuenta del denominado “cartel de la infancia”, que con artilugios jurídicos han pretendido desprenderla de la custodia de sus hijos
La denuncia interpuesta por la Fundación United For Justice está respaldada en un estudio que identifica dos elementos que evidencian la responsabilidad del Estado: una persecución judicial, instrumentalizada para ejercer violencia de género y la inoperancia de la justicia colombiana al no cumplir con su obligación de actuar con debida diligencia para prevenir la violación de los derechos humanos de la madre demandante.
De acuerdo con la abogada Margarita Rey, la CIDH acogió el proceso y la información que ha recibido señala que el caso se encuentra en la etapa de fase de estudio. Por obvias razones, el nombre de la madre indefensa y de sus hijos, se mantienen en absoluta reserva.
Las alarmas
Las anomalías en los procesos de custodia de hijos como consecuencia de divorcios, se han venido denunciado desde el 2017. Hace siete años es una práctica recurrente en varias ciudades del país que involucra a abogados, comisarías de familia, médicos forenses. A eso se suma la paquidérmica actuación de los entes de control, especialmente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
No solamente la Fundación United For Justice ha denunciado los abusos cometidos por abogados y funcionarios, sino también fundaciones como No Más Silencio, creadas por los mismos padres que han sido sometidos a una serie de vejámenes judiciales para perder la custodia de sus hijos. Denuncias infundadas sobre violaciones, secuestro, trastornos mentales, alcoholismo, drogadicción, abuso arbitrario de custodia.
Los casos han sido debidamente sustentados por madres y padres. El modus operandi en el tema de Bogotá ha sido el mismo: dos abogadas, la Comisaría 2 de Usaquén, cuatro peritos forenses, que no tienen experiencia alguna en esta rama. Las denuncias han sido elevadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Los angustiados padres encontraron una primera luz en la Procuraduría, que terminó por allanar las oficinas de la Comisaría 2 de Usaquén y comprobó que había serias irregularidades y pidió de inmediato la suspensión de la comisaría Yaneth Fabiola Castillo. Un nombre que se ha repetido una y otra vez en cada una de las diferentes denuncias de los padres.
Así operan
La existencia del llamado ‘cartel de la infancia bogotano’ es un secreto a voces. Las denuncias de los padres han permitido que este escabroso tema no continúe en la sombra de la justicia. En las denuncias, los padres señalaron a las abogadas Ana Georgina Murillo y a Adriana Castellanos de dejar una larga lista de ciudadanos que se consideran víctimas de sus acciones, y que denuncian ante la Fiscalía lo que se define como empresa criminal. Este grupo involucraría a magistrados de las Altas Cortes, comisarios, jueces, peritos, funcionarios del ICBF, el laboratorio de la Universidad Nacional e incluso la Fiscalía.
A pesar de las particularidades presentes en cada caso, todos comparten un modus operandi y un desenlace similar. En todas las instancias, las denuncias contra este supuesto cartel e inexplicablemente las investigaciones no avanzan en la Fiscalía y los denunciantes terminan siendo perseguidos por las mismas instituciones que deberían velar por la justicia.
Ana Georgina Murillo, actualmente, enfrenta más de 30 procesos disciplinarios que no han prosperado, además, está siendo indiciada por falsedad en documento, falsedad ideológica, fraude procesal, fraude a resolución judicial y violación a las comunicaciones. Nada se resuelve, nada le pasa.
Los casos de Daniel Elías Aljure y Adriana Gutiérrez Castañeda, Paola Riviere y Jobst Viertel, Andrés Velásquez Giordanelli y Lucila Núñez Calvo, Paula Cristina Velásquez Mejía e Iván Mauricio Rodríguez Pérez, así como Johana Álvarez Botero y Eduardo Mantilla Serrano, fueron presentados en una denuncia conjunta de concierto para delinquir, fraude procesal, falsadenuncia y falso testimonio con número de radicado: 110016000050201630023, pero al llegar a la Fiscalía, este caso fue dividido en procesos aislados para posteriormente ser archivados, pareciera que quisieran romper la línea fáctica.
Un sinnúmero de mujeres informó ante la Secretaría de Integración Social de Bogotá sobre la manipulación de las comisarías de Usaquén 2 y Chapinero. Fue tan grave que la comisaría Janeth Fabiola Castillo Guerrero fue trasladada, y la entidad el 21 de febrero del 2021 remitió el caso a la Fiscalía con el número de radicado 2021-0921-935, y al día de hoy no ha recibido notificación alguna respecto a los resultados de la investigación ni ha sido objeto de vinculación a algún proceso penal.
El premio
Lo que sí es claro es que Castillo Guerrero resultó premiada por la Agencia Nacional Digital, entidad adscrita al ministerio de las Tics. Allí fue nombrada directora jurídica de la plataforma Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), a pesar de las múltiples denuncias de los padres frente a las labores irregulares de esta funcionaria.
El ministro Mauricio Lizcano señaló que ese nombramiento no se realizó bajo su gestión. Y que el servicio prestado por Castillo Guerrero frente al REDAM terminó el pasado 31 de diciembre del 2023. Pero la salida de la jefe judicial obedeció básicamente por la queja de los padres que descubrieron el cargo que tenía Guerrero a pesar de todas las denuncias que cursan en su contra.
¿Cómo opera este cartel?
En la comisaría, se solicita una medida de protección que es concedida. Posteriormente, se desarrolla un plan diseñado para inducir el incumplimiento de dicha medida con el objetivo de obtener una resolución definitiva. Por recomendación del comisario se recomiendan peritos psiquiátricos, quienes siempre emiten dictámenes desfavorables para el adversario del cliente de los abogados que hacen parte del señalado cartel. Se percibe una posible influencia en el reparto, ya que los individuos que afirman ser víctimas de esta organización han visto sus casos tramitados en los Juzgados de Familia 2, 11, 16, 21, 23 y 28 de Bogotá.
Cabe resaltar que estos juzgados han sido objeto de demandas. Además, se evidencia una tendencia en la presentación de denuncias de abuso sexual, especialmente cuando los acusados son padres varones. En contraste, en los casos que involucran a mujeres, se sugiere la presencia de trastornos como esquizofrenia, bipolaridad y maniaco depresión. Importa señalar que estas acusaciones carecían de respaldo mediante pruebas científicas o forenses, no cumpliendo con los estándares normativos establecidos.
Murillo y Castellanos insisten en que la prueba sea realizada a través del departamento de Medicina de la Universidad Nacional. “Sí, Ana Giorgina insistió en que fuera a evaluarme allá”, afirma en su denuncia una de las víctimas. Sin embargo, los padres sostienen que dicha prueba es manipulada, buscando presentarlos ante el juzgado como drogadictos y utilizando dicho dictamen como una causal para la pérdida de custodia.
Llama la atención el hecho de que la señora Magda Adriana Gómez Murillo, hija de la abogada Murillo, ha sido contratista de dicha universidad desde el 2016 específicamente en la facultad de Ciencias, quien maneja los laboratorios forenses. Se le pidió respuesta a la Universidad sobre el tema y no hubo respuesta.
Los peritos
A su vez, en reiteradas ocasiones, las denuncias han contado con el respaldo de Fernando Giovanni Arias, quien se presenta como terapeuta psico-orientador, graduado en Medicina y Derecho, además de ser ahijado de matrimonio de Murillo. A pesar de la falta de especialización en Psiquiatría y Ciencias Forenses, los padres señalan que Arias emite peritajes que sirven a los propósitos fraudulentos de Murillo.
Es crucial destacar que el Tribunal de Ética Médica de Bogotá en una investigación ético-disciplinaria contra Arias Morales, declaró que infringió los artículos 34 y 56 de la Ley 23 de 1981, y como consecuencia de lo anterior, fue suspendido del ejercicio de la medicina por dos meses. Morales afirma tener una especialización en Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica, aunque la institución niega su egreso o matriculación en esa especialización.
Adicionalmente, Murillo respaldó algunos dictámenes con la firma de María Paola Franceschi Suescún, quien ejerció ilegalmente la profesión de psicóloga. Franceschi no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 1090 de 2016 para ejercer la profesión.
A pesar de esta situación, proporcionaba dictámenes psiquiátricos para poner en dificultades a las víctimas de Murillo. Como consecuencia de estas acciones, el Colegio Colombiano de Psicólogos, el 10 de julio de 2018, en el Oficio 18-132, remitió copias a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación. Los cuestionamientos hacia la señora Franceschi no se detienen aquí. Ella llegó al extremo de señalar como agresor sexual a alguien que nunca entrevistó, para después justificar su error argumentando que no logró comunicarse adecuadamente.
Resulta incomprensible cómo se le otorgó confiabilidad a Franceschi, especialmente considerando que cuando fungía como representante legal de la “Asociación Hogar Niños Nuevo Planeta”, esta entidad fue suspendida y tuvo su personería jurídica cancelada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mediante la Resolución No. 4256 del 16 de septiembre de 2014 debido a casos de maltrato infantil.
A pesar de las denuncias instauradas por los padres de familia, los avances en materia de investigación, especialmente por la Fiscalía, es lenta. Todavía muchos de ellos siguen a la espera de resolver sus casos. Por esa razón la Fundación United For Justice, no tuvo otro camino que la CIDH. Porque la justicia en el país para estos temas no solo cojea, sino que jamás llega.
Por: Alejandro Villanueva, Óscar Cortes y Sofía Amaya, portal Desigual. Especial para Revista Alternativa.
