En un fallo histórico y trascendental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha declarado responsable al Estado colombiano por el hostigamiento y persecución sistemática contra los integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar). Después de más de dos décadas desde que el caso llegara al tribunal internacional, este lunes 18 de marzo se pronunció la sentencia que confirmó la violación de múltiples derechos fundamentales por parte del Estado colombiano.
El tribunal internacional determinó que Colombia infringió los derechos a la vida, la integridad personal, la vida privada y, al menos, otros cinco derechos más de los miembros del Cajar. Además, se vulneraron derechos fundamentales como la libertad de pensamiento y expresión, la autodeterminación informativa, el derecho a conocer la verdad y las garantías judiciales. También se violaron derechos relacionados con la protección judicial, la libertad de asociación, la libre circulación, la protección de la familia, los derechos de la niñez y la defensa de los derechos humanos.
El caso, que ha perdurado durante más de dos décadas, reveló la existencia de una serie de hechos de violencia contra los integrantes del Cajar, incluyendo hostigamientos y amenazas desde la década de 1990 hasta la actualidad. La participación del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la monitorización ilegal de las actividades del Cajar constituyó uno de los puntos críticos de la violencia estatal contra este colectivo. Estas acciones, según la Corte IDH, fueron completamente ilegales y no contaron con ningún tipo de control judicial.
Como resultado de la persecución por parte del Estado, varios abogados integrantes del Cajar se vieron obligados a exiliarse entre 2002 y 2010 para salvaguardar sus vidas y las de sus familias. Además, fueron objeto de estigmatización por parte de altos funcionarios estatales, incluyendo al presidente de la República, y fueron objeto de campañas de desprestigio. Se destacó también la avalancha de amenazas recibidas y el uso de inteligencia ilegal en su contra.
En su sentencia, la Corte IDH ordenó al Estado colombiano investigar exhaustivamente los hechos que violaron los derechos de los integrantes del Cajar y garantizar la debida diligencia en dichas investigaciones. Además, se requiere al Estado solicitar información a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otros organismos de inteligencia para instruir las investigaciones pertinentes sobre las actividades de inteligencia en la década de 1990. Como medida de rehabilitación, se ordenó al Estado proporcionar tratamiento psicológico, psiquiátrico y/o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten.
Finalmente, como acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, el Estado colombiano deberá ofrecer disculpas públicas en Colombia respecto a la totalidad de los hechos del caso. Este fallo marca un hito en la lucha por la justicia y los derechos humanos en Colombia, y subraya la importancia de garantizar la protección y el respeto de los defensores de derechos humanos en todo momento.
