En el desarrollo de la investigación que adelanta la Procuraduría por las posibles irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes, se lleva a cabo una inspección en las oficinas de la Cancillería. La entidad busca recolectar información relacionada con las presuntas anomalías que llevaron a declarar desierto el mencionado proceso.
“La Procuraduría General de la Nación viene a la Cancillería a adelantar diligencia de inspección para recolectar el medio de prueba en virtud del cual se desarrolló la audiencia del Comité de Conciliación en el proceso de los pasaportes”, explicó Esiquio Manuel Sánchez, Delegado de la Sala de Instrucción de la Procuraduría.
La investigación, que involucra al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y al secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, indaga sobre un contrato de $600 mil millones destinado a servicios de personalización, custodia y distribución de pasaportes. La licitación fue declarada desierta el 13 de septiembre, generando controversia debido a la participación única de Thomas Greg & Sons, empresa que ha obtenido el contrato en los últimos 16 años.
La Procuraduría sostiene que la decisión de declarar desierto el proceso podría haber vulnerado principios de contratación estatal, abriendo la posibilidad de faltas disciplinarias. Además, se examinan las circunstancias en torno a la renuncia de Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien alegó desacuerdos con el canciller Leyva.
La inspección actual se suma a la intensificación de las acciones de la Procuraduría para esclarecer los hechos y determinar si hubo irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes.
