Este 18 de marzo, la Procuraduría General de la Nación ha ratificado la "destitución e inhabilidad por 10 años" de Oneida Pinto Pérez, exgobernadora de La Guajira, por su implicación en irregularidades relacionadas con la adjudicación de un millonario contrato. Este proceso se originó por la implementación de tecnologías de información y comunicaciones en colegios públicos del departamento, con un valor superior a los $20.000 millones.
El Ministerio Público concluyó que "en el pliego de condiciones se establecieron unos requisitos de experiencia y capacidad financiera que no estaban de acuerdo con el objeto y la cuantía del contrato a ejecutar, exigencias que impidieron la participación de potenciales oferentes en el proceso de licitación".
Según la Procuraduría, estas exigencias respondieron a criterios subjetivos o caprichos de los responsables. "Requisitos fijados no cumplieron el deber de ser adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor, como lo exige la ley", señaló el órgano de control.
El fallo de segunda instancia también confirmó la sanción por nueve años, contra otros implicados, incluyendo a la secretaria de Educación, Bely Josefina Gneco Terán, y el exfuncionario de la gobernación, Gerardo Cujia Mendoza. La Procuraduría puntualizó que: "Con el fallo de segunda instancia la sanción impuesta a los investigados quedó en firme, ya que los investigados no se encuentran en el ejercicio de un cargo de elección popular".
