El anuncio de la Superintendencia de Salud sobre la intervención de la EPS Sanitas ha provocado una serie de reacciones polarizadas en el ámbito político colombiano. La medida, que implica la remoción de la junta directiva y el representante legal de la EPS, así como la asamblea de accionistas, fue defendida por algunos como una acción necesaria para salvaguardar la estabilidad del sistema de salud del país.
Sin embargo, desde la oposición, especialmente representada por figuras como el expresidente Álvaro Uribe y la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, se ha criticado duramente la intervención. Uribe calificó la acción como un ejemplo de la política gubernamental de imponer decisiones "a las buenas o a las malas", advirtiendo sobre posibles consecuencias negativas para el sistema de salud en general.
Por otro lado, congresistas del oficialismo como Inti Asprilla de Alianza Verde respaldaron la medida, argumentando que las irregularidades financieras y de solvencia de Sanitas justificaban la intervención administrativa. Se hizo hincapié en que esta acción no equivale a una liquidación de la EPS, sino a una medida para corregir deficiencias y proteger a los afiliados.
Entre las opiniones de los exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro, se encuentran comentarios críticos como los de José Antonio Ocampo y Alejandro Gaviria. Ocampo señaló la incapacidad del gobierno para manejar el sistema de salud, abogando por un acuerdo con las principales EPS para evitar una crisis total. Gaviria, por su parte, expresó su preocupación por las posibles consecuencias desastrosas de la intervención, afirmando que podría conducir a la destrucción del sistema de salud colombiano.
La intervención de Sanitas se produce en un momento de agitación política en torno a la reforma de salud en la Comisión Séptima del Congreso. La postergación del debate sobre la reforma y la incertidumbre sobre su futuro reflejan la complejidad y la división en torno a las políticas de salud en el país.
