En una nueva estrategia para abordar el problema del hacinamiento carcelario en Colombia, el Ministerio de Justicia ha anunciado una medida innovadora. El Plan Nacional de Desarrollo otorga autorización a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para donar inmuebles provenientes de extinción de dominio a las administraciones municipales, con el propósito de establecer centros de reclusión locales.
La iniciativa, presentada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, busca aliviar la sobrepoblación en los centros penitenciarios existentes. Esta medida no solo apunta a mejorar las condiciones de los reclusos, sino que también pretende descongestionar las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que frecuentemente se ven obligadas a albergar detenidos debido a la falta de espacio en las cárceles.
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El ministro Osuna hizo un llamado a los alcaldes de todo el país para que consideren esta opción. Según explicó, en la mayoría de los municipios, especialmente en aquellos que ya cuentan con instalaciones carcelarias, existen propiedades bajo extinción de dominio que podrían ser utilizadas para este fin. La donación de estos inmuebles se realizaría de manera gratuita, con la condición de que sean destinados exclusivamente para la creación de centros de reclusión municipales.
La implementación de esta medida dependerá de la iniciativa de cada alcalde. El proceso implica la solicitud formal por parte de la administración municipal, seguida de una evaluación de las propiedades disponibles y su aptitud para ser convertidas en centros de reclusión. El ministro Osuna señaló que, si bien es probable que se requieran adaptaciones como la instalación de rejas o cerramientos, la ventaja principal radica en que la estructura base ya está construida.
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Esta propuesta se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el hacinamiento en el sistema penitenciario colombiano. Datos recientes indican que el nivel de sobrepoblación en las cárceles del país alcanza el 25%, mientras que en las estaciones de Policía supera el 170%. Estas cifras han llevado a diversas instituciones, incluida la Corte Suprema de Justicia, a convocar reuniones para abordar esta problemática de manera urgente.
La medida anunciada por el Ministerio de Justicia representa un enfoque novedoso para enfrentar un problema de larga data en el sistema penitenciario colombiano. Al utilizar propiedades ya existentes y transferir parte de la responsabilidad a los gobiernos locales, se busca una solución más rápida y económicamente viable que la construcción de nuevas cárceles desde cero. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de la respuesta de los alcaldes y de la capacidad de adaptar efectivamente estos inmuebles para su nuevo propósito.
