La Superintendencia de Salud ha tomado la decisión de intervenir la EPS Sanitas, la segunda más grande del país con una afiliación que suma 5,7 millones de personas. Esta intervención llega en medio de una profunda crisis financiera que ha afectado gravemente la operación de la entidad, la cual cuenta con 4,3 millones de usuarios en el régimen contributivo y 1,4 millones en el subsidiado.
Los problemas financieros de Sanitas han sido evidentes en los últimos años, con cifras alarmantes que revelan una situación preocupante. Según datos de la Supersalud y la Supersociedades hasta el año 2022, Sanitas recibió un total de 7,5 billones de pesos, pero lamentablemente registró pérdidas por 295.368 millones de pesos. Además, su deuda total se estima en alrededor de 2,3 billones de pesos.
Esta intervención no sorprende a muchos en el sector de la salud, ya que desde el año 2023 se venían emitiendo señales de alerta. En julio de ese año, Sanitas, junto con otras EPS como Sura y Compensar, enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtiendo sobre las serias dificultades financieras que enfrentaban y expresando que podrían no poder continuar con sus operaciones si no se resolvía la situación.
La situación financiera crítica de Sanitas se atribuye principalmente al pago insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y a los presupuestos máximos asignados. Estos factores han generado un déficit que ha llevado a la entidad al borde del colapso, a pesar de contar con una trayectoria de casi tres décadas en el sector de la salud.
La intervención de la Superintendencia de Salud busca estabilizar la situación de Sanitas y garantizar la prestación adecuada de servicios de salud a sus afiliados. Sin embargo, el futuro de la EPS y de sus usuarios permanece incierto mientras se enfrentan a este desafío financiero sin precedentes.
