Por: Fernando Cepeda Ulloa
Especial para Revista Alternativa
Por lo menos tres dimensiones eran fundamentales para asegurar un buen gobierno por parte del presidente Gustavo Petro:
- La aceptación por todas las fuerzas políticas, los grupos de poder, la sociedad civil y, en general, todos los ciudadanos de que su triunfo era legítimo y que debería contar como sus antecesores con el respeto de su altísima dignidad.
- Como tenía una situación minoritaria en el Congreso y, sobra decirlo, en los gobiernos subestatales, convendría que se construyera un “Acuerdo Nacional” que le permitiera gobernar y ello implicaba una actitud de cooperación y de mutuas concesiones por todas las partes.
- Que el presidente Petro debería, en lo posible, acomodar su comportamiento a las mejores tradiciones jurídicas, políticas y culturales que formaban parte de las fortalezas de la democracia colombiana. Respeto a la oposición, respeto a las instituciones, respeto a las decisiones judiciales y a los procedimientos establecidos para tomar decisiones o para reformarlas.
¡Oh sorpresa! Todo esto pareció conjugarse en los días anteriores a su posesión, en su discurso inaugural y en los nombramientos que se anunciaron.
Además, una generosa decisión por parte del liberalismo, el conservatismo y el Partido de la U le aseguraba una amplia mayoría en Senado y Cámara. Lo que se requería era un proceso de concertación que respondiera a la buena voluntad de estas fuerzas políticas y a las legítimas aspiraciones del Gobierno. En realidad, se estaba constituyendo un “partido presidencial” tal como había ocurrido en gobiernos anteriores después de la Constitución del 91.
Adiós a la coalición
La cooperación de estos tres partidos se denominó la coalición pero, a finales de abril de 2023 el presidente declaró que ésta ya no existía más. Tanto el conservatismo como la U cambiaron su declaración de partidos de gobierno que exige el Estatuto de Oposición a la de partidos independientes. Situación que es, ahora y en el futuro, inmodificable porque este estatuto no permite sino un cambio con respecto a la declaración inicial.
El Partido Liberal no obstante, las reiteradas confrontaciones entre el presidente Petro y el expresidente César Gaviria, no ha cambiado su condición de partido de gobierno y, el expresidente Gaviria en entrevista pública con El Tiempo da a entender que nunca hubo una coalición. Así se comprende que se hubiera llegado a una decisión tan rotunda como la que tomó el presidente Petro al “enterrar” la coalición.
Era evidente que no existían las más mínimas reglas para su funcionamiento ni existía preocupación alguna o interés por establecerlas. Como que no había nada que enterrar y que la aprobación de la Reforma Tributaria no era tanto el resultado del apoyo de la coalición al gobierno sino del conocimiento, habilidad y buena disposición del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y de la larguísima experiencia de partidos, congresistas y gremios en la negociación del contenido de una reforma tributaria, ya que entre nosotros era costumbre aprobar una cada año.
El trámite de los desacuerdos de los tres partidos con las reformas propuestas, particularmente la de la salud, no recibió el tratamiento respetuoso que se esperaba y era enorme la perplejidad al respecto. ¿Cómo era posible que se mantuviera una coalición que públicamente declaraba estar en desacuerdo, que hacía referencia a sugerencias que entendía que habían sido aceptadas en los más altos niveles decisorios del gobierno y que, luego, no aparecían en los textos que se llevaban al Congreso?
Un desencuentro inimaginable en una coalición y que, inclusive, llevaba a formular preguntas de hondo calado: ¿Y qué pasaría si con los votos de miembros de la coalición se negaba una reforma y, al parecer, la coalición continuaba?
El ambiente de cooperación propicio para una concertación fue apenas el resultado del anuncio del ‘acuerdo nacional’ y de la decisión de los tres partidos de apoyar al Gobierno.
Los desplantes
La tercera dimensión fue objeto de manifestaciones muy contradictorias de parte del presidente Petro. Igual apoyaba una institución que al día siguiente la desafiaba. El caso de la Fiscalía General es un ejemplo protuberante. El fiscal general, Francisco Barbosa, ha cumplido su deber apegado a las normas jurídicas y mal podría haberse plegado a solicitudes presidenciales que desbordaban el ámbito legal.
Le ocurrió algo parecido a lo que les pasó a los partidos de la coalición. Lo que se acordaba o conversaba en relaciones cordiales con el presidente luego se anulaba con una retórica que no correspondía. La posición muy institucional del fiscal era muy apreciada por la opinión pública y algunos, equivocadamente, atribuían su comportamiento a ambiciones electorales que no se ven por ningún lado.
El tema institucional siguió siendo central y al respecto hay opiniones muy encontradas. Partidos políticos, ministros, congresistas, el sector empresarial han sido objeto de expresiones despectivas y hasta muy fuertes por parte del presidente. Descalificar a los ministros que sustituyó en la segunda crisis ministerial, como tramposos, es algo que no tiene antecedentes en nuestra historia política.
Desacreditar empresas como Carbocol, que han realizado esfuerzos descomunales para preservar el medio ambiente, o del sector salud, que han logrado el reconocimiento nacional o internacional, como negociantes que no tienen interés en el cuidado de los enfermos, o que tienen montado un negocio con dineros públicos y así de otros sectores, pues ha creado un ambiente de rechazo, de desconfianza y un sentimiento de que el presidente no se comporta, como lo ordena la Constitución, como un gobernante para todos los colombianos.
La insistencia en dividir el país por razones racistas o de riqueza, o de ubicación geográfica no es bien acogida. La ciudadanía quiere un lenguaje de unidad, solidaridad, cooperación y concertación y no de odio, exclusión y enfrentamiento.
La gran pregunta es si en el segundo año se buscará resucitar las otras dimensiones que sirvieron de apoyo nacional al Gobierno en sus primeros días o si estas se van a reformular en otros términos. ¿Acaso la confrontación con los directivos de los partidos políticos? ¿Y, particularmente, con el expresidente Gaviria y el Partido Liberal? Destruir los partidos políticos, que la Constitución del 91 y leyes subsiguientes protegen, es un camino tortuoso que puede dar lugar a la declaración de ilegalidades e inconstitucionalidades por parte de los organismos competentes.
En todo caso lo más importante, en mi perspectiva, es recuperar la respetabilidad del presidente y de su gobierno que ha sido erosionada gravemente por una retórica desbordada, incumplimientos y ausencias que no encuentran explicación y que afectan por igual a personalidades extranjeras, a su propio partido, a los miembros del Poder Judicial, y a miembros de las comunidades. Compleja tarea.
