¿Reforma tributaria en tiempos electorales? Es una de las preguntas que hoy se plantean los analistas, en medio de un año político en el que el Congreso se prepara para comicios en marzo de 2022 y, en mayo, la elección del nuevo presidente de la República. ¿Vale la pena presentar un proyecto de reforma que contendrá una serie de artículos, entre ellos, el polémico impuesto del IVA a toda la canasta familiar y la eliminación de exenciones tributarias? Tales anuncios, hasta ahora, no han sido bien recibidos ni por los empresarios ni por los ciudadanos.
En el año que le queda, el presidente Iván Duque, dicen esos analistas, debe concentrar todas sus energías en la vacunación y en la reactivación económica. La pandemia dejó en cuidados intensivos a sectores como los de turismo, gastronomía, transporte aéreo y comercio general. El propio Duque anunció, a comienzos de año, después de la reunión con su equipo de trabajo y sus ministros, que la hoja de ruta para los dieciocho meses que le restaban estaría marcada por la vacunación masiva —35 millones de personas— y la puesta en marcha de la locomotora que jalona la economía.
No obstante, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha insistido en reiteradas ocasiones en que la reforma tributaria es una prioridad inaplazable. El presidente Duque, por su parte, ha señalado que es necesario esperar el informe que entregará la comisión de expertos que, desde el pasado mes de agosto, viene trabajando en cinco mesas en las que se analizan los temas más álgidos para incluirlos en el paquete de recomendaciones que entregará en las próximas semanas al mandatario y a su equipo económico. Duque ha señalado que, una vez se tenga el informe, se socializará con todos los sectores de la economía y el Consejo Gremial.
¿Qué traerá el informe de la Comisión de Expertos? Se cree que sus recomendaciones no serán diferentes a las que ya se conocen: ampliar la base tributaria, eliminar las exenciones tributarias, rediseñar el impuesto a la renta y unificar una sola tarifa de IVA para la totalidad de la canasta familiar.
El periódico La República, considerado uno de los más serios en materia económica en el país, expresó en su editorial del 24 de febrero que todas estas recomendaciones por parte de los expertos son “técnicamente válidas desde la ciencia de la tributación, pero necias en medio de la crispación política que recorre la región y la resurrección de los populismos”.
El panorama de los países vecinos es preocupante en cuanto a su acontecer político. En Ecuador, el candidato de Rafael Correa está al frente de las encuestas, en unas elecciones que han estado marcadas por las acusaciones mutuas de corrupción. En Bolivia, la figura de Evo Morales de nuevo ronda por los pasillos palaciegos. Daniel Ortega se ha perpetuado en el poder y ni hablar de Nicolás Maduro.
El escenario en Colombia no es diferente. Será un largo año, en el que la agenda estará marcada por lo político. Lo que ocurra en marzo y en mayo reordenará el tablero político del Senado y de la Casa de Nariño, y estará irremediablemente ligado al manejo que hagan las actuales Administraciones tanto del Gobierno central como de los locales. La izquierda está jugando dos cartas: buscar un candidato de centro que ofrezca una visión de Estado lejos de la extrema izquierda y, por supuesto, de la extrema derecha. La segunda carta, la más fuerte, es, sin duda, la de Gustavo Petro, que ha sabido canalizar la inconformidad de los colombianos con esa carga de resentimiento social y de señalar al actual Gobierno de todo lo malo que ha pasado en este largo período de pandemia. Columnistas del peso editorial de María Isabel Rueda y Mauricio Vargas lo han venido advirtiendo: Petro, sin abrir la boca, cada semana gana más réditos, más adhesiones y sube como la espuma en las encuestas, por cuenta de esa mezquindad de los políticos que buscan huir de sus partidos tradicionales y han comenzado a vender un discurso en la orilla populista que en nada contribuye a trabajar por la recuperación económica y social del país.
En esas condiciones, como lo explican varios analistas políticos y económicos, no vale la pena presentar una reforma tributaria; lo más responsable es aplazarla y hallar otros mecanismos de ingresos que permitan fondear los recursos del erario, que ha gastado a manos llenas para afrontar la crisis económica por cuenta de la pandemia.
Otras alternativas
¿De dónde conseguir los miles de millones que requiere el Estado? Alternativas hay varias y muy viables, como lo ha sugerido Néstor Humberto Martínez, conocedor de los temas económicos en el país. Hace poco, en una de sus columnas, afirmó que el Gobierno no debe meterse en la vacaloca de la reforma tributaria. Agrega que, en tiempos electorales, nada bueno puede pasarle a un proyecto de esa envergadura en un Congreso más preocupado por conseguir sus votos para el próximo año que en asuntos económicos; además, se pueden convertir en un bumerán a la hora en que el electorado llegue a las urnas. “Los ortodoxos aplauden el trámite de la reforma. Andan con tapaojos para no mirar la realidad. No evalúan el menú de opciones disponible para enfrentar la coyuntura, ni mucho menos la conveniencia de aumentar la carga tributaria en momentos de recesión y sin que, por otro lado, aún se tenga certeza absoluta sobre el nivel de gasto público que demandará la reconstrucción del tejido económico y social que ha quedado destrozado por causa de la pandemia”, puntualizó Martínez en una reciente columna publicada en el periódico El Tiempo.
Las necesidades urgentes del Gobierno se pueden solucionar de varias formas, sin necesidad de la reforma tributaria. Ya quedó demostrado con la reciente liberación del encaje monetario que posibilita el ingreso de 9 billones de pesos. Otra fuente importante de recursos está en la venta de ISA a Ecopetrol. Las arcas de la nación recibirán, por cuenta de este negocio, 14 billones de pesos.
El otro ingreso puede correr por cuenta de los bienes decomisados al narcotráfico. Gracias a la Ley 1849 de 2017, esos activos se pueden enajenar y, en lugar de seguir nombrando depositarios que, en su gran mayoría, tienen problemas con el manejo de esos bienes, el Gobierno puede venderlos. El inventario muestra que hay en depósitos propiedades que superan los 15 billones de pesos. A eso hay que sumarle un apretada de cintura de dos puntos al gasto del Gobierno y, de esta manera, tener una chequera que permita priorizar en inversiones.
Lo que no se puede admitir, dicen los analistas, es que la reforma tributaria que se presente en el Congreso se convierta en el caballo de batalla electoral que izará el populismo.
