La recta final de la campaña para las elecciones municipales y regionales en España viene marcada por las denuncias de compra de votos, que proliferan este jueves entre acusaciones de fraude y que afectan también a latinoamericanos residentes en el país.
El censo electoral incluye a 12.420 residentes extranjeros con derecho a votar en los comicios del domingo procedentes de países de América Latina como Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile, en virtud de acuerdos de reciprocidad suscritos con España.
Un ecuatoriano, un colombiano y un paraguayo están entre los investigados en uno de los casos de supuesta compra de votos, por el que fueron detenidos siete españoles en la localidad de Mojácar, en el sur del país, que presuntamente ofrecían dinero a cambio del voto a extranjeros con escasos recursos.
Este jueves, en el día previo al cierre de campaña, pues el sábado es lo que en España se denomina jornada de reflexión en la que ya no se puede pedir el voto, se sucedieron las denuncias por otros casos de supuesto fraude en el voto por correo, pues se puede ejercer a través de la entidad estatal Correos, que lo remite a las mesas de votación.
La Guardia Civil investiga uno de estos supuestos fraudes en una residencia de mayores en la provincia de Zamora, mientras que en la de Huelva el órgano electoral ha apercibido a un partido político que en redes sociales ofrecía gestionar el voto por correo.
Y en Murcia detuvieron hoy en la localidad de Albudeite a trece personas y se investiga a otras dos por una supuesta compra de votos, entre ellas la candidata socialista a la alcaldía del municipio, Isabel de los Dolores Peñalver, si bien todos ya quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial.
Así lo indicaron a Efe fuentes de la investigación, que precisaron que entre los arrestados figuraba otro candidato de la lista socialista, cuyo nombre no concretaron.
Este delito conlleva en España penas de prisión de seis meses a tres años, pues el voto es libre y secreto y no se puede vender ni comprar por dinero u otro tipo de recompensa.
En España existe un precedente en Melilla, donde fueron condenados a dos años de prisión y a inhabilitación los responsables de dos partidos políticos por comprar votos por correo a cambio de la inclusión en planes públicos de empleo en las elecciones de 2008.
Los casos de posible fraude empezaron precisamente a comienzos de semana en esta ciudad española en el norte de África, con diez detenidos, entre ellos un miembro del Gobierno local y también candidato para los comicios del domingo, en que se eligen los gobiernos municipales en el conjunto del país y los de algunas regiones.
Las sospechas de fraude en el voto por correo son recurrentes en cada elección en el caso de Melilla, pero hasta ahora eran mucho menos habituales en el resto de España.
Foto: EFE/Biel Aliño
