La reciente declaración de quiebra de Colchones Paraíso ha generado preocupación entre miles de consumidores, especialmente aquellos que han realizado compras recientes y aún no han recibido sus productos. La empresa, que estaba en proceso de reorganización desde 2020, continuaba operando hasta que un juez ordenó su liquidación, dejando en el limbo a numerosos clientes.
En declaraciones a Blu Radio, Billy Escobar, Superintendente de Sociedades, brindó detalles sobre la situación y orientó a los afectados sobre los pasos a seguir. Escobar explicó que, desafortunadamente, en situaciones de quiebra, son los compradores, ciudadanos y trabajadores los más afectados. En este sentido, la Superintendencia ha estado trabajando en conjunto con la academia y expertos nacionales e internacionales para proponer una reforma de la ley de insolvencia que proteja a los ciudadanos comunes.
"Claro, hay unos ordenes, están en primer lugar los trabajadores, las obligaciones fiscales y de ahí en adelante, viene una escalera de acreedores a los que se les va pagando que a veces no es tan justa y por eso tenemos el propósito de presentar un proyecto de ley a final de semestre con miras a ajustar esa ley de insolvencia", añadió Escobar.
La Superintendencia de Sociedades informó que, tras varias audiencias el 26 de febrero pasado, decretó la liquidación de Colchones Paraíso, así como de Muebles y Accesorios S.A.S., otro importante proveedor de mobiliario para el hogar. Esta decisión fue tomada debido al incumplimiento generalizado en el pago de gastos administrativos, incluyendo salarios y prestaciones de los empleados, señal de una posible falta de recuperación de los deudores.
La incertidumbre entre los consumidores persiste mientras se espera una resolución legal sobre la situación. Se recomienda a aquellos afectados por la quiebra de Colchones Paraíso mantenerse informados sobre los pasos a seguir y estar atentos a cualquier comunicado oficial de las autoridades competentes. Mientras tanto, la Superintendencia de Sociedades continúa trabajando en medidas para mejorar la protección de los ciudadanos en casos de insolvencia empresarial.
