El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Presidencia de la República (DAPRE) y la Fiduprevisora. La acción legal se basa en el presunto incumplimiento de la obligación de publicar la totalidad de los documentos contractuales relacionados con la política de paz total.
La demanda señala que los fondos encargados de la ejecución presupuestaria para las negociaciones de paz, como el Fondo Colombia en Paz, el Fondo Multidonantes de la ONU y el Fondo de Programas Especiales para la Paz, han dejado de publicar información contractual. Este incumplimiento va en contravía del artículo 17 de la Ley 2272 de 2022, que estipula la divulgación de documentos contractuales en las fases precontractual, contractual y poscontractual dentro de los diez días siguientes a su creación.
La Fundación para el Estado de Derecho expuso que no se ha encontrado información sobre convocatorias públicas, propuestas de oferentes, evidencias de ejecución, ni informes de supervisión en las plataformas oficiales como el SECOP II. La falta de transparencia afecta el control social sobre los recursos destinados a la paz.
El director de la Fundación, Andrés Caro, enfatizó que la publicación de estos contratos es una obligación legal y no una opción discrecional. Caro subrayó la importancia de que la ciudadanía pueda acceder a esta información para garantizar la transparencia en la administración pública.
La Ley 2272 de 2022 establece que todos los documentos generados en las fases del proceso contractual deben ser publicados para asegurar la rendición de cuentas. Este marco legal busca fortalecer los principios de transparencia y publicidad en los procesos de contratación pública, especialmente en asuntos sensibles como la paz.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en su defensa, argumentó que los fondos se utilizan para la implementación de acuerdos de paz, pero no ofreció detalles sobre las razones del incumplimiento en la publicación de documentos. La admisión de esta demanda abre un debate sobre el manejo de recursos y la obligación del gobierno de mantener informada a la sociedad.
