La capital de Risaralda se vio sacudida por un operativo judicial que resultó en la captura de dos figuras prominentes de la administración anterior. Carlos Alberto Maya López, quien fungió como alcalde de Pereira entre 2020 y 2023, fue aprehendido en Bogotá mientras se encontraba en una universidad del centro de la ciudad.
Simultáneamente, en Pereira, las autoridades detuvieron a Milton Hurtado, quien se desempeñó como secretario de infraestructura durante el mandato de Maya. Estas acciones forman parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en la contratación pública durante dicho período gubernamental.
El foco de la investigación se centra en el proceso de construcción de la primera fase de la avenida Los Colibríes, un proyecto de infraestructura vial que ha generado controversia debido a su estado inconcluso y a los significativos sobrecostos asociados. Según informes preliminares, las irregularidades financieras en este proyecto podrían superar los 20.000 millones de pesos, una cifra que ha alarmado a las autoridades y a la ciudadanía por igual. Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y el control en la ejecución de obras públicas, especialmente aquellas que implican inversiones sustanciales de recursos municipales.
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Las capturas realizadas este viernes marcan un punto de inflexión en una investigación que ha venido desarrollándose desde hace varios meses. Anteriormente, la Contraloría había iniciado indagaciones sobre diversas obras en la región del Eje Cafetero, incluyendo Pereira, una de las ciudades principales de esta zona. Sin embargo, hasta la fecha, dichas investigaciones no habían arrojado hallazgos significativos que justificaran acciones legales de esta magnitud. El giro en los acontecimientos sugiere que las autoridades han obtenido nueva información o evidencias que respaldan las acusaciones de irregularidades en la contratación.
La detención del exalcalde Maya y del exsecretario Hurtado podría ser solo el inicio de una serie de acciones judiciales más amplias. Fuentes cercanas a la investigación indican que se estarían adelantando procedimientos similares contra otros colaboradores de la administración anterior y contratistas involucrados en los proyectos bajo escrutinio.
