Un total de 33 congresistas colombianos enviaron una carta formal al canciller Luis Gilberto Murillo y al ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, para manifestar su preocupación sobre los posibles cambios al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. En el documento, los legisladores instaron a los ministros a suspender cualquier ajuste sustancial al tratado hasta que se haya dialogado con la nueva administración de Estados Unidos, que asumirá el poder el 20 de enero.
Los firmantes del oficio advirtieron que “el uso de una nota interpretativa para realizar modificaciones significativas al acuerdo comercial sin consulta legislativa comprometería la integridad de los acuerdos y la confianza mutua entre los socios comerciales”. Esta declaración hace referencia a la reciente preocupación de los congresistas por los cambios propuestos a las disposiciones del TLC, los cuales podrían afectar la relación comercial entre ambos países.
En su carta, los congresistas añadieron que “nos sumamos a esa preocupación dado que en este momento se desconoce el alcance de la nota interpretativa del TLC al que se hace referencia y por lo que conocemos, tampoco se ha consultado la opinión de empresarios, inversionistas o asociaciones empresariales que pudieran verse impactadas con cualquier ajuste”. Esta observación apunta a la falta de diálogo con los sectores económicos afectados, que podrían ver cambios sustanciales en las políticas comerciales del tratado.
La controversia en torno a la posible modificación del TLC surgió luego de que Colombia y Estados Unidos firmaran una nota interpretativa del acuerdo comercial. La nota tenía como objetivo aclarar las disputas de inversión y reafirmó que ambos países tienen el derecho de emitir nuevas regulaciones para cumplir con sus políticas públicas, siempre que dichas inversiones no contravengan las normas internas del país receptor.
Los congresistas, al expresar su inquietud, también hicieron un llamado a que las modificaciones sean discutidas de manera más amplia, tanto con el sector privado como con el Congreso. Consideran que cualquier ajuste debería contar con la consulta de los actores económicos involucrados, tal como lo establece la legislación nacional y las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia.
El debate sobre los cambios en el TLC se ha intensificado en Colombia, especialmente debido a la preocupación sobre los impactos que estos ajustes puedan tener en el comercio y las inversiones bilaterales. Los legisladores pidieron un proceso más transparente y abierto antes de proceder con modificaciones que podrían afectar la relación comercial a largo plazo entre ambos países.
