En medio del escándalo por la adjudicación del contrato de pasaportes, José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, arremetió contra el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, cuestionando su idoneidad para ejercer el cargo público, además de pedir protección ya que ha asegurado tener "el celular intervenido".
Salazar respondió a las declaraciones de Murillo, quien había afirmado que no tenía las facultades para tomar la decisión de adjudicar el contrato a Thomas Greg & Sons. En una declaración a medios de comunicación este miércoles, Salazar afirmó que, como funcionario público, podía entregar el cargo en un plazo de diez días, pero denunció sentirse "completamente asediado".
Además, Salazar informó que no pudo hablar con el presidente Gustavo Petro sobre la adjudicación del contrato, ya que fue declarado insubsistente de su cargo antes de poder hacerlo.
En un tono contundente, Salazar criticó la capacidad legal de Murillo para ocupar el cargo de canciller encargado, señalando que "no es abogado, es ingeniero de Minas". Argumentó que, según el artículo 122 de la Constitución Nacional, un funcionario público condenado por delitos contra el patrimonio público queda inhabilitado para ejercer cargos públicos, insinuando que esta situación podría aplicarse a Murillo.
Las declaraciones de Salazar agregan más tensión a la situación en torno al escándalo de la adjudicación del contrato de pasaportes, mientras se presentan demandas y crece la polémica sobre qué pasará con este tema.
