En La Guajira, el potencial para la generación de energía renovable es significativo, pero diversos obstáculos han retrasado la puesta en marcha de proyectos en la región. Una propuesta de ley presentada por el Ministerio de Minas y Energía busca agilizar los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos de energías renovables en el departamento, reduciendo el plazo de aprobación de 120 a 90 días. Sin embargo, esta iniciativa ha generado controversia y preocupación entre diversos sectores.
Empresas como Celsia y Enel han experimentado retrasos significativos en la implementación de proyectos eólicos en La Guajira debido a demoras en los procesos de consulta previa con las comunidades y en la aprobación de licencias ambientales. Ante esta situación, el proyecto de ley 343, presentado por el Ministerio de Minas y Energía, pretende tomar medidas para acelerar la transición hacia energías renovables en La Guajira y superar la pobreza energética en la región.
Una de las propuestas del proyecto de ley es la reducción del plazo de aprobación de licencias ambientales, así como la posibilidad de otorgar estas licencias por fases para proyectos que afecten una gran porción del territorio. Sin embargo, expertos y organizaciones ambientales expresan preocupación por las posibles consecuencias de estas medidas.
Para Rosa Peña, investigadora senior de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA), reducir el plazo de aprobación de licencias ambientales puede poner en riesgo la rigurosidad técnica y la evaluación adecuada de los impactos ambientales de los proyectos. Además, señala que las autoridades ambientales no cuentan con la capacidad administrativa para tramitar las licencias en un período de tiempo tan corto.
Otra preocupación radica en la falta de consulta previa con las comunidades indígenas, que son afectadas por estos proyectos. La propuesta de otorgar licencias por fases también ha generado críticas, ya que podría fragmentar el proceso de consulta y evitar la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones.
Por otro lado, existe incertidumbre sobre cómo se garantizará que una parte de la energía generada se destine a la población local para superar la pobreza energética en La Guajira. Aunque el proyecto contempla medidas como tarifas diferenciales de energía y financiamiento de comunidades energéticas, no hay garantías de que estos beneficios lleguen realmente a quienes más lo necesitan.
La propuesta de ley para agilizar licencias ambientales en La Guajira enfrenta críticas y cuestionamientos sobre su viabilidad y efectividad. Antes de su implementación, es necesario realizar una consulta amplia y transparente con todas las partes interesadas para garantizar que se tomen en cuenta sus preocupaciones y se promueva un desarrollo sostenible y equitativo en la región.
