El malestar en la Casa de Nariño era de tal magnitud que los colaboradores cercanos al presidente Gustavo Petro tenían en claro que iban a rodar cabezas. Nada había salido bien y cada vez la historia narrada por el canciller Álvaro Leyva sobre una posible extorsión y chantaje relacionada con la polémica desatada por la licitación de los pasaportes, tenía más preguntas que respuestas.
La novela había empezado a comienzos de enero pasado y dos semanas después, la Revista Semana revelaba el entramado con el que habían tratado de chantajear al ministro Leyva.
El primer capítulo narraba cómo el canciller había recibido un mensaje de WhatsApp a su celular personal, en que una persona le ofrecía valiosa información relacionada con anomalías que involucraba a altos ejecutivos de la firma Thomas Greg & Sons, la misma con la que el ministro no había querido llegar a conciliación alguna en la demanda por la licitación de los pasaportes, que había llevado posteriormente a la Procuraduría General de la Nación a suspender por tres meses al alto funcionario del Gobierno.
El desenlace detectivesco narraba cómo Leyva le siguió el juego a la persona que lo había contactado y que al comienzo exigía 50 millones de pesos por la información. El canciller contó que acudió a la Fiscalía y a inteligencia del Estado para ponerlos al tanto de la situación. Pero el tema fue mucho más allá de la denuncia. Dijo que se había acordado con los fiscales realizar un pago controlado para establecer quién era el chantajista y quiénes podían estar detrás de la trama.
El interlocutor, que se comunicaba a través de un teléfono abonado en Estados Unidos, señalaba que había trabajado durante 17 años con Camilo Bautista, uno de los dueños de Thomas Greg & Sons. Que la información que tenía era muy valiosa, pero a cambio de ello esperaba una retribución económica que rebajó de 50 a 30 millones de pesos.
El canciller ha señalado que el dinero se consignó en efectivo en una cuenta de Bancolombia como lo pidió su interlocutor. Dijo que eran dineros del Estado y que la Fiscalía como inteligencia, estaban al tanto del tema, para realizar las respectivas investigaciones.
Como nunca fue enviada la información prometida, el siguiente paso de su interlocutor, de acuerdo con el canciller, fue el del chantaje. En los mensajes por WhatsApp, pidió más dinero a cambio de no revelar que Leyva le había entregado 30 millones de pesos de dineros públicos para comprar información. En su historia macondiana el canciller afirma que le entregó a la Fiscalía su teléfono, donde están todos los mensajes y que estaba “satisfecho de haber cumplido con su conciencia y con los altos intereses del Estado”.
La otra cara
Pero como en las buenas historias policiacas, la del canciller Leyva le faltaban varios capítulos y muchas cabos sueltos por resolver. Y, además, un colofón sobre por qué esta trama de la extorsión y chantaje al alto funcionario, terminó por desencadenar una compleja situación en las dependencias de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, donde la molestia en Casa de Nariño se hizo sentir con todo rigor. Efectivamente, las cabezas rodaron.
Pero antes de la barrida en la DNI, los cabos sueltos de la historia del canciller eran cada vez más complejos de atar. Días después de la información en Semana, la emisora W Radio, develó la otra cara de la moneda. Apareció el hombre que le escribió los mensajes de WhatsApp a Leyva y contó una historia bien diferente.
Sus declaraciones a los periodistas de la W fueron explosivas. Señaló que jamás se trató de un chantaje sino del montaje de un escándalo mediático con la participación del propio canciller y funcionarios cercanos a su despacho.
Señaló que había sido contratado para montar la historia y después divulgarla en medios. Pero que en las reuniones previas se había acordado que nunca se haría denuncia alguna ante la Fiscalía, sino que el escándalo serviría para mitigar los problemas que se habían generado para el canciller por cuenta de la licitación de los pasaportes.
En otras palabras, el mensajero de Leyva dejó en claro que se trataba de una auto extorsión con el fin de lograr victimizar al ministro frente a los problemas que enfrentaba por la investigación que había abierto la Procuraduría y la demanda millonaria interpuesta por Thomas Greg & Sons que sobrepasaba los 170 mil millones de pesos.
Las “ías”
El problema de la historia del canciller no radica en quién está diciendo la verdad. Porque al fin de cuentas es la palabra de un alto funcionario del Gobierno, contra un anónimo que dice llamarse Edward Soto. En el universo de las redes la información falsa que circula es enorme y muy difícilmente la identidad de las personas es la real.
La situación del ministro Leyva se complica en el momento de establecer de dónde salieron los dineros para pagar los 30 millones de la extorsión. También, si realmente los fiscales acompañaron el proceso, de una entrega controlada de dinero con el fin de dar con el paradero del supuesto extorsionista.
La Fiscalía ha señalado que el ministro Leyva solo acudió a su instancia cuando ya se había consignado el dinero. Que no participaron en un proceso de entrega controlada, porque en esos casos el control total del proceso lo toma directamente los investigadores de la Fiscalía sin participación de un tercero.
Pero no solo en este caso ha actuado la Fiscalía. También intervino la Contraloría General de la Nación. El 22 de febrero pasado investigadores de la Dirección de Análisis, Información y Reacción Inmediata -DIARI- realizó una visita a las instalaciones de la cancillería para establecer si recursos públicos de ese ministerio se destinaron al pago de los 30 millones de pesos.
Tres días después, se conoció el resultado: para la DIARI no hay evidencia alguna de la supuesta extorsión al canciller. Pero lo más delicado, es que no se encontró que el origen de los dineros con los que se pagó la extorsión hubiese salido de las arcas oficiales de la cancillería.
En la diligencia realizada por los investigadores judiciales de la DIARI, lograron entrevistar al secretario general, José Antonio Salazar, el mismo que el lunes pasado decidió otorgarle la licitación de los pasaportes a Thomas Greg & Sons, que desató la ira del presidente Petro.
Salazar fue al grano. Señaló que no tenía conocimiento alguno de los hechos; tampoco si hubo pagos y muchos menos de dónde pudo salir el dinero. “Acá no se hizo ningún pago por ese concepto, ni existen recursos presupuestales para eso, tampoco lo haría”. Y agregó: “lo que puedo garantizar es que de la Cancillería no se utilizaron recursos ni humanos ni financieros para esa finalidad”.
Florero de Llorente
Entonces, ¿de dónde salieron los 30 millones de pesos del Estado que menciona el canciller que se consignaron en una cuenta de Bancolombia?
La Revista Alternativa, realizó una serie de entrevistas con fuentes que conocen muy bien por dentro la Dirección Nacional de Inteligencia, con lo cual se logró atar alguno de los cabos sueltos. También tuvo acceso a fuentes de Palacio y estableció que la molestia del presidente Petro con las cabezas de la DNI era muy fuerte, por el manejo que ha tenido este tema relacionado con el canciller.
Como se trata de atar cabos en esta novela policiaca del canciller Leyva, cada pieza juega un papel importante. Las fuentes consultadas y contrastadas por Alternativa, señalan que los 30 millones de pesos que se utilizaron para la consignación en Bancolombia, provienen de los gastos reservados que maneja la DNI.
“Lo van a negar. Porque el manejo de esos gastos, como lo indica su nombre, es reservado.
Para pagar informantes, gente que entrega información para que inteligencia procese y prenda alarmas en caso de que sea positiva”, señaló una de las fuentes consultadas.
Para otra de las fuentes, la molestia en Casa de Nariño tiene que ver con el pésimo manejo que se le dio a la historia y la forma cómo se terminó filtrando en los medios de comunicación. “Eso impacta directamente en la imagen del presidente”.
Entonces, la situación no se hizo esperar. Con un canciller sin explicaciones contundentes y la “ías”, entregando informes que desconocían buena parte del proceder de Leyva, el presidente Petro comenzó hacer anuncios de una serie de cambios en su equipo de colaboradores.
Llamó poderosamente el cambio de director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Manuel Alberto Casanova, un viejo compañero de luchas en el M-19 con su amigo Gustavo Petro.
Su llegada a la DNI fue recibida con mucha reserva por la carencia de experiencia en un cargo que requiere de una enorme responsabilidad en el manejo de información muy sensible. Pero con el paso de los meses, Casanova, filósofo de profesión, se ganó la confianza de avezados investigadores que lo calificaron como “un tipo decente, de pocas palabras y muy trabajador. Eso sí, escudero y fiel con el presidente Petro”.
Carlos Ramón González, el saliente director del Dapre y quien ha tenido un fuerte enfrentamiento con Laura Sarabia, llegó a la dirección de la DNI y de inmediato su mano se hizo sentir. Detrás del exdirector Casanova, salieron el director de inteligencia y contrainteligencia, el subdirector de operaciones y una tercera persona, muy cercana a Casanova, su secretaria privada.
Pero no solo se anunciaron estos cambios. También las nuevas políticas impuestas por González tienen inquietos a los hombres de inteligencia, de una agencia cada vez con más poder en el gobierno del Cambio.
La orden es que la nueva cuadrilla que llega con el recién posesionado director, no tendrá que pasar por las pruebas de polígrafo. El manejo de gastos reservados, será del resorte exclusivo de la dirección. Por lo pronto, un arqueo a esos gastos para establecer si de allí salieron los 30 millones rumbo al contacto de Leyva, será un capítulo de esta novela para que la escriba Agatha Christie.
