El Gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro ha tomado la decisión de revocar definitivamente las resoluciones que recientemente otorgaron a Thomas Greg & Sons la licitación para la producción de pasaportes en Colombia, valorada en cerca de 600.000 millones de pesos. La Cancillería, responsable de este proceso, señaló que tras un análisis jurídico exhaustivo se encontraron inconsistencias que ameritan investigaciones penales, disciplinarias y contractuales.
Según el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las resoluciones emitidas por el ex Secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar, fueron revocadas debido a que fueron dictadas al margen de la legalidad, contraviniendo los principios constitucionales de la función administrativa. Estas decisiones, firmadas el 26 de febrero, han sido cuestionadas desde su origen, y su anulación busca asegurar el cumplimiento de la ley y la transparencia en el proceso licitatorio.
La revocación de estas resoluciones representa un paso significativo en medio de las acusaciones de posible corrupción en el proceso de adjudicación de la licitación. El gobierno de Petro ha interpuesto denuncias penales ante la Fiscalía contra José Antonio Salazar, el exfuncionario que firmó las resoluciones ahora anuladas, como parte de un esfuerzo por investigar y esclarecer cualquier irregularidad en el proceso licitatorio.
La disputa entre el gobierno y Thomas Greg & Sons no es nueva. Desde la administración anterior, se había advertido sobre posibles favoritismos hacia esta firma en la adjudicación de contratos importantes como la producción de pasaportes. Esta revocación evidencia la determinación del gobierno de Petro de enfrentar cualquier indicio de corrupción y asegurar la integridad en los procesos de contratación pública.
Aunque se ha extendido por un año más el contrato con Thomas Greg & Sons para garantizar la continuidad del servicio, se espera que se realice una revisión integral para definir una nueva opción de contratación a partir de octubre próximo. La polémica persiste, mientras se espera una resolución definitiva que asegure la transparencia en este importante proceso administrativo.
