La Contraloría General de la República presentó los resultados de una auditoría de cumplimiento a la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia 2023, en la cual se identificaron 13 hallazgos administrativos. De estos, cuatro tienen posibles implicaciones fiscales por un monto de 5.640 millones, mientras quesiete se relacionan con presuntas faltas disciplinarias y dos con otras incidencias que serán remitidas a las autoridades competentes.
En cuanto a la gestión de recursos, la auditoría destacó deficiencias en el cumplimiento de las funciones de la Superintendencia, especialmente en el flujo adecuado de los recursos provenientes de las EPS hacia el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Estas deficiencias fueron señaladas como uno de los principales problemas en la administración de los recursos públicos destinados a la salud.
Otro de los hallazgos relevantes fue la falta de efectividad en la supervisión de la EPS Indígena Dusakawi. Según el informe, la medida cautelar de vigilancia especial sobre esta entidad se ha prorrogado por más de 11 años sin registrar avances significativos en la mejora del flujo de recursos o en el cumplimiento de los indicadores técnicos, jurídicos y financieros establecidos para la EPS.
Adicionalmente, la Contraloría encontró irregularidades en la asignación de los agentes interventores por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Según el informe, la asignación no cumplió con los requisitos establecidos en la Resolución 2599 de 2016, lo que habría vulnerado el principio de equidad en este proceso.
La auditoría también reveló fallas en la gestión de cobros ante las EPS, en particular, por incapacidades y licencias de maternidad. Se señaló la inoportunidad en la radicación de estos cobros, lo que ha generado pérdidas para el sistema de salud. Se identificó una pérdida de 139.842.318 pesos, relacionada con el Hospital Universitario Cari de Barranquilla, debido a la demora en la radicación de un pasivo no reclamado.
En el ámbito de la contratación, se detectaron irregularidades en el proceso de adquisición de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, con un contrato por 5.379.073.700. La Contraloría observó que la Superintendencia no realizó un análisis adecuado de las especificaciones técnicas del contratista, lo que habría comprometido la calidad del servicio contratado.
El informe también evidenció debilidades en los mecanismos de seguimiento y control presupuestal relacionados con otros contratos de tecnología, como el suscrito con IFX Networks. Según la Contraloría, hubo deficiencias en el control del cumplimiento de los plazos y las condiciones contractuales, lo que afectó la calidad de los servicios prestados en áreas como la nube privada.
La auditoría también evidenció la falta de cumplimiento en las políticas de seguridad para la salvaguarda de la información. La Superintendencia Nacional de Salud no habría realizado el seguimiento adecuado para garantizar que los proveedores cumplieran con las normativas relacionadas con la seguridad de los datos en el sistema de salud.
