Por: Jairo Libreros
Especial para Revista Alternativa
“Se está acabando la guerra entre el Estado y la insurgencia”, dijo el presidente Gustavo Petro en la instalación de la segunda legislatura en el Congreso de la República. La respuesta a una afirmación contraevidente y presentada como eslogan no fue un aplauso, sino un resonante “mentiroso”. Esa secuencia retrata la gestión en seguridad del inquilino de Casa de Nariño durante su primer año de gobierno.
Por cuenta de los compromisos de la ‘paz total’, iniciativa emblemática del presidente Petro, la cual está en tránsito a convertirse en otro eslogan, el Ministerio de Defensa disminuyó las operaciones de inteligencia, militares y policiales consustanciales de la seguridad y defensa nacional. Según la FIP durante los primeros 100 días del gobierno Petro, las acciones de la Fuerza Pública —combates y bombardeos— revelaron una reducción del 70 % comparado con el mismo período de 2021.
Los indicadores en seguridad ciudadana tampoco son alentadores. De acuerdo con la Policía Nacional, las modalidades delictivas de mayor impacto social se incrementaron. Entre enero y junio de 2022, hubo 154.386 hurtos a personas y en el mismo período de 2023 se registraron 188.976 atracos (variación 22 %); y las extorsiones en ese período de 2022 fueron 3.911 y en el de 2023, 5.259 (variación 34 %).
Las explicaciones sobre el clima de inseguridad que se respira en las ciudades se hallan en esos datos, porcentajes y variaciones estadísticas. No es un relato periodístico ni una apreciación equivocada de la realidad. El miedo es real, tangible y degradante. La percepción de inseguridad se posó como un malestar social que restringe la convivencia ciudadana en el espacio público, y así quedó señalado en las dos últimas mediciones de Invamer: el 84 % de los encuestados creen que la inseguridad está empeorando.
Iván Velásquez, ministro de Defensa.
El homicidio reporta un descenso; pero las masacres, la trata de personas y el secuestro aumentaron de acuerdo con el Ministerio de Defensa. Entre enero y junio de 2022, hubo 6.629 homicidios y en esos meses de 2023, 6.408 (variación -3 %). En el primer semestre de 2022, hubo 138 víctimas en 41 masacres y en ese mismo período de 2023, 163 víctimas en 48 masacres (variación 18 % y 17 %, respectivamente). La trata de personas en los seis primeros meses de 2022, 243 casos y en el 2023, 382 casos (variación 57 %). Y el secuestro en el período de 2022 dejó 77 víctimas y en el de 2023 a 161 (variación 109 %).
Las cifras presentadas en blanco y negro no logran ocultar el alto impacto humanitario de la guerra y la criminalidad. Detrás de cada número habita una tragedia. Una estela de dolor que enluta a miles de colombianos. Por ello, una estrategia de política pública en seguridad es la avanzada que demanda el escenario de la ‘paz total’. Y no hablo de la política “Garantías para la Vida y la Paz”, diseñada a espaldas de la Fuerza Pública, sin claridad conceptual y de manera apresurada para encubrir una deriva errática en la toma de decisiones de seguridad en el Ministerio de Defensa. Esa política es sólo un eslogan.
Hoy día es imposible demostrar que la guerra se está acabando. Los optimistas dirán que frente a la guerra y la delincuencia estamos a la expectativa de suscribir acuerdos de paz y de sometimiento a la justicia con por lo menos dos ejércitos insurgentes, cuatro estructuras del crimen transnacional y seis bandas delictivas, en el plazo de los próximos tres años. Me gustan los optimistas, son el motor de las ilusiones y forjadores creativos de eslóganes. Merecen aplausos, siempre y cuando tengan los pies bien puestos sobre la tierra.
Iván Mordisco” y las disidencias de las FARC.
Afortunadamente, el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, demostró ser un observador más agudo que su comandante supremo, cuando le dijo a manera de réplica que “no podemos decir que es el fin de la guerra. Mientras los daños se sigan materializando a través del secuestro, la extorsión, ataques de manera indiscriminada, sembrando artefactos explosivos, pues es difícil determinarlo así”.
En conclusión, “Colombia, potencia mundial de la vida”, el Plan Nacional de Desarrollo del cuatrienio del presidente Petro se raja por ahora como apuesta de política pública. Es otro eslogan fracasado. Sin política de seguridad ni conducción estratégica del Ministerio de Defensa, la niebla de la guerra sólo es más espesa o, en otras palabras —y sin parafrasear a Clausewitz—, que en la Casa de Nariño algunos miopes no vean la guerra ni sus efectos perversos en vidas humanas, confianza social y capacidad institucional, no los habilita para predecir que la guerra instigada por la insurgencia y otras hierbas del pantano llega a su fin.
