La historia de Gustavo Adolfo Vélez Román, el alcalde de Tuluá, parece sacada de Macondo. Toda la campaña política la hizo encerrado en su casa. Esperando que un tiro de gracia, proveniente de alguna de las bandas que manejan el negocio del narcotráfico, lo silenciaran para siempre.
Este ingeniero civil de profesión, conservador de pura cepa, jamás se silenció. Por el contrario, cada vez arreció más sus denuncias, especialmente contra la banda criminal ‘La Inmaculada’. Vélez señaló que los tentáculos de esta organización criminal se habían enquistado en la administración de la alcaldía de Tuluá. Pero que también tenían amenazados a los comerciantes, a los empresarios y que eran los directos responsables de los homicidios y la extorsión en este municipio del Cauca.
Hoy es el alcalde más amenazado del país y a la vez el más custodiado. Tiene un esquema de seguridad conformado por la policía, el Ejército y la Unidad Nacional de Protección. Si como candidato no se calló, mucho menos lo va hacer como alcalde.
Sus denuncias tuvieron por fin eco con la captura de Mauricio Marín Silva, alias ‘Nacho’, un criminal que maneja los hilos de la banda ‘La Inmaculada’, desde que el hermano mayor alias ‘Pipe Tuluá’, fue capturado y desde la cárcel continúa manejando el negocio del narcotráfico.
‘La Inmaculada’ cogobernaba Tuluá. Así de sencillo. Y cuando el alcalde Vélez comenzó a cerrar los espacios en las diferentes dependencias, decidieron crear el caos. El terror entre la ciudadanía. El fin de semana de comienzos de febrero quemaron nueve vehículos, realizaron asesinatos selectivos, dejaron más de cien heridos, entre ellos un bebé de un año y una mujer embarazada.
Entonces, el llamado del alcalde Vélez por fin se escuchó. El pasado lunes 12 de febrero la ciudad amaneció militarizada y con toque de queda, 150 soldados y 250 policías se tomaron las calles de una ciudad habitada por 300 mil personas y que está ubicada a tan solo una hora de Cali.
No solo ‘La Inmaculada’ viene retando al Estado por cuenta de las capturas de más de 50 de sus integrantes y de sus principales cabecillas. Las demás, que operan en diferentes municipios del país, afrontan una situación similar. Sus jefes continúan operando desde las cárceles del país.
“‘La Inmaculada’ cogobernaba Tuluá. Así de sencillo. Y cuando el alcalde Vélez comenzó a cerrar los espacios en las diferentes dependencias, decidieron crear el caos”
La toma de ciudades
Además de las grandes estructuras como las disidencias de las Farc, el Clan de Golfo, el ELN, existen otras redes criminales con conexión a las mencionadas y con grupos que no superan los 60 hombres, que mandan especialmente en los municipios del país, especialmente en los localizados en los departamentos del Atlántico, Magdalena, La Guajira, Risaralda, Quindío y el Valle.
Para las autoridades ya es común escuchar sobre las actividades ilícitas de ‘Los Chatas’, ‘La Terraza’, ‘Los Triana’, ‘Los Porras’, ‘La Sierra’, entre otras bandas delincuenciales que hacen presencia en cerca de 90 municipios, de 12 departamentos y que tienen una organización de más de dos mil hombres.
Muchas de ellas tienen disputas por el control de territorios y son surtidas por las grandes estructuras para mover el microtráfico, la extorsión a ganaderos y la “vacuna” a los comerciantes. Varios de sus cabecillas están en las cárceles, pero ese es otro grave problema que afrontan las autoridades, porque desde los centros penitenciarios continúan delinquiendo como Pedro por su casa.
Las capitales
Las principales ciudades no son ajenas a esas redes. Investigaciones realizadas por diferentes grupos que estudian el fenómeno de la violencia que se está dando en las capitales del país, señalan que, por ejemplo, en Bogotá operan unas 50 bandas criminales que son responsables directos de homicidios y controlan la distribución de drogas en zonas populares como Fontibón, Kennedy, Suba y Rafael Uribe Uribe.
Unas estructuras, que son responsables del notorio incremento de asesinatos selectivos, que tiene desconcertadas a las autoridades de la ciudad, que, además, enfrentan una delincuencia dedicada al robo en establecimientos públicos, fleteos, y extorsión en varias zonas de la ciudad.
Las bandas no son un reto menor para las autoridades por el enorme impacto que tienen sobre las comunidades. No existe, por el momento, un estudio serio que permita medir la verdadera dimensión de estas estructuras, y qué camino pueden tomar, en especial si en algún momento buscan una salida a través de los beneficios de la ‘paz total’, impulsada por el gobierno Petro.
“El pasado lunes 12 de febrero la ciudad amaneció militarizada y con toque de queda, 150 soldados y 250 policías se tomaron las calles de una ciudad habitada por 300 mil personas y que está ubicada a tan solo una hora de Cali”
Sin control
Lo ocurrido en Tuluá, por cuenta del traslado de un preso jefe de una banda delincuencial, es una alarma que se prende para el resto de los municipios del país. Igualmente, un llamado de atención al Gobierno central, que no ha podido desarrollar una verdadera política que permita un control sobre los centros penitenciarios, donde los cabecillas de estas organizaciones siguen operando de la manera más abierta y directa, sin control alguno.
Todo esto lleva a la necesidad de definir una política clara de investigación criminal, que le dé las herramientas suficientes a la Fiscalía General de la Nación para hacerle frente a unas organizaciones cada vez más estructuradas, más organizadas, con nexos plenos con las estructuras del narcotráfico que han desplegado su accionar criminal para un mayor control territorial.
Un primer paso que se está dando es la implementación de un plan piloto en siete cárceles del país para lograr ponerle freno a la extorsión desde los centros carcelarios.
Se han identificado 31 cabecillas de esas organizaciones criminales que manejan el microtráfico, y cada 20 días, serán trasladados a diferentes penales en el país. Una apuesta arriesgada por varias razones.
La primera, por la corrupción que existe al interior del Inpec. La facilidad que alguno de esos cabecillas termine fugándose en un traslado es altamente probable. Segundo, la infraestructura para mover presos de ese calibre, es muy grande y requiere de medios tecnológicos y de movilidad que a hoy el Inpec adolece. Y tercero, ¿qué garantía existe que el hecho de trasladar un preso cada 20 días, se logre evitar que desde la cárcel siga moviendo los hilos del negocio?, muy pocas.
Las soluciones de fondo para enfrentar un problema tan complejo como son estas estructuras criminales cada vez más organizadas, por lo pronto no se ven a la vista. Solo la valentía de alcaldes como el de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez, que, a riesgo de su propia vida, decidió instaurar la ley y el orden.
