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MinHacienda acusa a gerente de Ecopetrol y al hijo adoptivo de Petro de tráfico de influencias en Urrá

Ricardo Bonilla denunció ante la Fiscalía presuntas presiones indebidas para manipular la adjudicación de contratos en la empresa Urra.

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Foto:Presidencia de Colombia

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, denunció a Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol, y a Nicolás Alcocer, hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro, de presunto tráfico de influencias. Bonilla amplió una denuncia anónima que apuntaba a una concentración de contratos por un valor aproximado de 1,4 billones de pesos, relacionados con la venta de energía a varios empresarios, entre ellos una amiga de Roa y su pareja, Julián Caicedo Cano.

Según Bonilla, la información fue recibida el 28 de septiembre de 2024 a través de un mensaje de WhatsApp. En el mensaje se detallaba la supuesta presión ejercida por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la junta directiva y la administración de URRA SAESP La denuncia indicaba que ambos habrían intentado tomar el control de la empresa para beneficiar a sus aliados cercanos, con el objetivo de obtener la adjudicación de contratos, como el del Parque Solar Urrá 19,9.

El proyecto del Parque Solar Urrá 19,9 está actualmente a cargo del consorcio Lux Power 2022, cuya composición incluye a la empresa Luxim Ingeniería SAS Bonilla mencionó que la firma estaría vinculada a David Cerón y Lucía Muñoz, quienes según la denuncia, habrían utilizado su relación con Alcocer para presionar a los altos directivos de URRA SAESP y asegurar la adjudicación del parque solar, según reveló Blu Radio.

En la denuncia presentada en octubre, antes de la declaración de Bonilla, también se reveló que David Cerón habría utilizado su cercanía con Alcocer para influir sobre las decisiones de la empresa URRA SAESP. Según esta versión, Cerón habría presionado para obtener beneficios indebidos y la adjudicación. del Parque Solar Inti Il, otro proyecto energético importante.

La denuncia menciona además la participación de varios senadores, entre los que se incluyen a Julio Chagüi, José David Name, Marcos Daniel Pineda, y miembros de la denominada “familia Calle”. Según los testimonios recibidos, estos políticos habrían intentado ejercer influencia sobre la junta directiva de URRA SAESP, con el fin de asegurar el control de contratos y proyectos estratégicos de la empresa.

Las presiones descritas en las denuncias habrían incluidas amenazas hacia los directivos actuales de URRA SAESP, lo que habría creado un ambiente de tensión dentro de la empresa. El caso sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

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