Por: MYRIAM CAROLINA MARTÍNEZ CÁRDENAS. Exdirectora de la Agencia Nacional de Tierras

De conformidad con nuestra Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho, en donde las autoridades de la República fueron creadas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades.

Así mismo, nos recuerda nuestra carta magna que es deber de todos los ciudadanos y extranjeros en territorio colombiano acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades.

Adicionalmente en el artículo 58 la Constitución ratifica que se garantiza el derecho a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos de conformidad con las leyes. 

Este contexto constitucional nos lleva a analizar, que las circunstancias que se están presentando en el último mes, en donde diferentes poblaciones invaden propiedad privada, alegando diferentes situaciones, podrían estar incurriendo en actuaciones que violan directamente nuestra Constitución y por supuesto, las leyes.

En este sentido es importante hablar, someramente, de dos tipos de poblaciones que se están viendo involucradas en las diferentes invasiones del último mes, la población indígena y la población campesina, así que iniciemos con la población indígena.

Comunidades indígenas

Legalmente, los pueblos indígenas han sido reconocidos en nuestra Constitución, y en ella se realiza el reconocimiento territorial y establece que las tierras otorgadas por la autoridad respectiva para los pueblos étnicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Así mismo, normas posteriores a la Constitución Política, establecieron los mecanismos de constitución, ampliación, reestructuración de los resguardos indígenas, dentro de los cuales pueden presentarse dos situaciones, legalizar tierras baldías que se encuentran ocupadas actualmente por la comunidad o adquirir tierras de propiedad privada siguiendo una serie de procedimientos. 

Cuando se hace la compra de un bien con los propósitos antes descritos, estos predios deben ser vendidos con consentimiento del propietario, y a su vez debe estar completamente saneado, es decir, carecer de problemas legales. Se debe garantizar, que las compras no generen ningún tipo de conflicto legal o social a las comunidades, más teniendo en cuenta que los mismos, contribuirán al desarrollo de los valores culturales y pervivencia de los pueblos étnicos. 

Hoy en día Colombia cuenta con más de 980 resguardos legalmente constituidos, que abarcan alrededor de  35 millones de hectáreas, aproximadamente el 30% del territorio nacional, en favor de 1.9 millones de indígenas, de conformidad con el censo de 2018 del Dane. 

“Es importante que el Gobierno Nacional mande mensajes claros de respeto a las leyes por parte de todos los ciudadanos. Mensajes confusos generan que las poblaciones consideren que se ha dado permiso para ejercer actuaciones de hecho, como son las invasiones”

De acuerdo con lo anterior, no podemos decir que los pueblos indígenas carecen de garantías constitucionales o legales para acceder a sus derechos de reconocimiento territorial. Tampoco se puede decir que carecen de tierra. 

Una discusión que se ha planteado es que dentro de los 35 millones de hectáreas hay tierras en conservación, lo cual es cierto, sin embargo, dentro de estas tierras, hay una gran cantidad de predios productivos, pero no ha habido acuerdos entre el Gobierno Nacional y los pueblos Indígenas que permitan generar programas para su aprovechamiento. 

En este sentido, sorprende las situaciones que se han presentado en el último mes, en particular en el departamento del Cauca donde más de 40 predios de propiedad privada han sido invadidos por representantes de algunos pueblos indígenas, al parecer pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca, en donde se alega, por parte de las comunidades, que no gozan de suficiente tierra, pero a su vez el motivo de las invasiones tiene un fundamento adicional, que los pueblos indígenas denominan recuperación de la madre tierra. 

Ante esto es importante resaltar, de conformidad con datos de la Agencia Nacional de Tierras, que en el Cauca hay 101 resguardos legalmente constituidos que contribuyen con la protección y pervivencia de más de 31 mil familias. Estos 101 resguardos se despliegan en aproximadamente 250 mil hectáreas, a lo largo y ancho del departamento del Cauca. A su vez, hay pretensiones para que el Estado les legalice aproximadamente 300 mil hectáreas más, las cuales son diferentes a las hectáreas que se invadieron en el último mes.

“No podemos decir que los pueblos indígenas carecen de garantías constitucionales o legales para acceder a sus derechos de reconocimiento territorial. Tampoco se puede decir que carecen de tierra”

La recuperación de la madre tierra no es otra cosa, que seguir un ideal en donde se espera llegar a ocupar la tierra que posiblemente algunos de estos pueblos indígenas habitaban antes de la llegada de los españoles a nuestro territorio.

Aunque el ideal cuando se explica por parte de estas poblaciones indígenas suena razonable, considerando las diferentes violaciones a las que fueron sometidos los pueblos indígenas, no debemos olvidar que Colombia lleva más de 200 años de historia, en la cual todos hemos participado en la construcción, y en esta historia ha habido diferentes decisiones tanto de nuestros gobernantes como de los gobernantes de los pueblos indígenas que ha llevado a la distribución política de los territorios. Manifestar que se quiere volver al año 1500, no es otra forma de generar conflicto y desplazamientos masivos de personas, pasando por encima la Constitución y las leyes. 

Adicional a lo anterior, los pueblos indígenas no son los únicos pueblos étnicos en Colombia, una pretensión de este estilo implicaría también la violación de los derechos de los pueblos afrodescendientes, que en su momento llegaron a esta zona por motivo de la esclavitud, no podemos decir ahora, que debemos decirle a la población afro que debe regresarse a África, ya que ellos no estaban aquí en el año 1500.

Los campesinos 

La otra población que al parecer se encuentra generando invasiones de tierras privadas es la población campesina. Población que también cuenta con la garantía del acceso a la tierra a través de la Constitución Nacional.

Para esta población existen programas de acceso a tierras debidamente reguladas por la ley, sin embargo, no todas las personas que habitan en zonas rurales pueden tener acceso a estos programas, puesto que están diseñados para campesinos que trabajen la tierra buscando mejorar su calidad de vida.

Las reformas agrarias en consecuencia, no se tratan de regalar tierra gratis porque sí, la población en situación de miseria de las ciudades que se desplaza a zonas rurales esperando tener tierras gratis para establecer un barrio aledaño a un municipio, no necesariamente podrá cumplir con los requisitos de ley. 

Lo anterior viene sumado con una serie de mensajes equivocados que se han enviado por el actual gobierno, mensajes como redistribuir tierras, o manifestar que los pueblos indígenas carecen de tierras, solo genera el irrespeto a las normas y leyes que vienen desde hace mucho tiempo regulando la propiedad de la tierra en Colombia. Es necesario el diálogo, pero el diálogo no puede tener como base la violación de derechos de otros ciudadanos. 

Debemos comprender, como lo dice la Constitución que todos debemos respetar las normas, independientemente del tipo de población a la que hagamos parte, esto no puede ser una justificación para violar los derechos de otros.

Es importante que el Gobierno Nacional mande mensajes claros de respeto a las leyes por parte de todos los ciudadanos, mensajes confusos generan que las poblaciones que no han sido atendidas por décadas consideren que se ha dado permiso para ejercer actuaciones de hecho, como son las invasiones. Así mismo, grupos al margen de la ley aprovechan estos mensajes para realizar sus actividades ilegales, escudándose en la población civil.

Las autoridades deben hacer respetar la Constitución y las leyes como parte de sus obligaciones, porque lo que hemos visto en el último mes es una violación repetitiva a la Constitución lo que nunca se había presentado desde la expedición de la misma.

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