Por: JUAN PAREDES CASTRO

Periodista y escritor

Muchos de los movimientos de izquierda que aspiran al poder en América Latina y en el mundo carecen, con escasas excepciones, de un válido y exitoso modelo económico alternativo al liberal. Fundan su carrera política en una oferta populista abiertamente demagógica de redistribución de una supuesta riqueza que no saben cómo crearla ni gestionarla.

A falta de un mayor sustento y justificación como opción de gobierno, no encuentran otro mecanismo para escalar posiciones en el electorado que, con propuestas populistas de cambio constitucional, bajo la receta absurda de que los grandes males de la sociedad, como la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la inseguridad interna, acabarán, así de simple, con la refundación de las repúblicas.

Y en lugar de proponer lo que falta, entre otras cosas mejores políticas públicas y privadas de redistribución social, cuyas fallas son todas perfectamente corregibles, arremeten contra todos los éxitos del modelo liberal de mercado abierto, comenzando por el macroeconómico.

La respuesta del No en el referéndum de cambio constitucional en Chile y el elevado rechazo que ha encontrado Pedro Castillo a una Asamblea Constituyente y consiguientemente a la redacción de una nueva Carta Política en el Perú, encierran, después de la votación favorable a ambas iniciativas en elecciones generales, una segunda reflexión rectificadora de derecho pleno a uno y otro lado. Chilenos y peruanos se niegan a caer, más allá de la emocionalidad electoral, en el grave error de cambiar constituciones que definitivamente, al margen de que provengan de gobiernos autoritarios, han construido su arraigo político, social y económico en un largo tiempo y con no pocas enmiendas de rigor y sobradas pruebas de consenso.

A la deriva

Lejos de construir y proponer mejores e inteligentes opciones de reformas puntuales, las campañas electorales contra las constituciones de Chile y Perú respondieron al denominador común del fracasado socialismo del siglo XXI, tan cercano a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, cuya burda receta consiste, precisamente, en hacer que el cambio total de la matriz político-jurídica de un país responda fundamentalmente a la captura del poder y a sus necesidades de sostenimiento y prolongación antes que a las demandas de libertad, democracia, desarrollo, justicia y bienestar de los pueblos latinoamericanos.

Así es como las izquierdas latinoamericanas les declaran la guerra a realidades de crecimiento económico alto y sostenido, como las que han acompañado a Chile y Perú en los últimos 25 años. Y en lugar de proponer lo que falta, entre otras cosas mejores políticas públicas y privadas de redistribución social, cuyas fallas son todas perfectamente corregibles, arremeten contra todos los éxitos del modelo liberal de mercado abierto, comenzando por el macroeconómico.

¿Cuál es la necesidad urgente, en uno y otro país, de pretender romper reglas de juego constitucionales estables, creíbles y predictibles, cuando estas pueden funcionar, atrayendo hacia si reformas puntuales, innovaciones de peso y, sobre todo, propuestas de contrapeso social en políticas públicas transversales en educación, salud, transporte, ambiente y desarrollo digital, que sin duda requieren ser altamente potenciadas?.

Sin liderazgo

El rechazo mayoritario contundente al proyecto de texto constitucional sustitutorio en Chile, así como el implícito congelamiento de las pretensiones del Partido Perú Libre de cerrar el Congreso de la República y establecer en su lugar una Asamblea Constituyente con todos los poderes para dictar una Carta Política, han sacado de su centro de gravitación a los presidentes Gabriel Boric y Pedro Castillo. Aparentemente a ambos no los unía un real y efectivo propósito de gobernar, en el mejor sentido de la palabra, sino el de sacar partido político de sus respectivos eventuales cambios constitucionales, más en función de desmantelar lo hecho hasta hoy por el modelo liberal que en pro de una oferta de gestión gubernamental distinta y superior.

El gran problema de las izquierdas en América Latina es que no solo no saben qué hacer con los gobiernos a su cargo, en materia de resultados exitosos de gestión pública, sino que además son malas acompañantes de gobiernos de centro e incluso de derecha

Las maduras reacciones políticas en Chile y Perú en defensa de sus respectivos fueros constitucionales probablemente empiecen a marcar positivamente una tendencia en América Latina contra aquella otra del facilismo y frivolidad con que se construyen proyectos desestabilizadores de la democracia, de las libertades sociales y económicas y, en esencia, del desarrollo humano en general. Tal como ocurre, por ejemplo, de manera recurrente, en Argentina y Bolivia, donde a cada paso de uno y otro gobierno, vemos extinguirse, entre sus habitantes, el derecho a un sentido de futuro mejor.

El gran problema de las izquierdas en América Latina es que no solo no saben qué hacer con los gobiernos a su cargo, en materia de resultados exitosos de gestión pública, sino que además son malas acompañantes de gobiernos de centro e incluso de derecha, a los que terminan de llevarlos a sus ruedas de molino. Eso es lo que ha pasado en el Perú en los últimos veinte años con los gobiernos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, todos abanderados recalcitrantes de la lucha anticorrupción, todos a la vez acusados hoy en día ante los tribunales por supuestos delitos, ¡oh paradoja!, de corrupción.

Probablemente América Latina aún siga abrigando liderazgos mesiánicos, refundadores de patrias e ideologías, mientras los electorados sean fáciles presas del populismo, la demagogia y la mentira. Sin embargo, resistencias sensatas y democráticas al aventurerismo constitucional, como las de Chile y Perú, alientan nuevos vientos en el panorama político regional que no debemos perder de vista ni dejar de reconocer como realmente importantes y trascendentes.

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