La Fiscalía peruana realizó un registro en el Congreso como parte de una investigación preliminar que apunta a Jorge Torres Saravia, exjefe de la oficina legal de dicha institución, por presunto delito de explotación sexual y vínculos con el asesinato de su socia, Andrea Vidal. La abogada fue víctima de un tiroteo en diciembre, en el distrito de La Victoria, Lima.
Durante el allanamiento, las autoridades recopilaron imágenes de las cámaras del edificio, así como documentos de áreas clave, entre ellas la oficina legal, recursos humanos y seguridad del Parlamento. La Fiscalía señaló que esta acción forma parte de los esfuerzos por recabar evidencia en el marco de las indagaciones.
"La Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro acopia información solicitada a diversas áreas del Congreso de Perú vinculada con la investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, por presunto delito de explotación sexual".
Un reportaje difundido por la cadena de televisión Willax señala que Torres Saravia, junto con Andrea Vidal, operaba una supuesta red en la que se empleaban mujeres bajo la fachada de secretarias o asesoras dentro del Congreso. Según esta información, la trama buscaba influir en los votos de los parlamentarios en temas de interés político.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, afirmó que la presunta red tenía como objetivo ejercer influencia sobre los legisladores, descartando que el dinero fuera el móvil principal. Este pronunciamiento ha sido recogido por diversos medios de comunicación en Perú.
Por otro lado, un grupo de diputados solicitó la destitución del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, acusándolo de negligencia en la contratación de Torres Saravia. En una carta dirigida al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se expresó que Forno Flórez "ocultó dolosamente la identidad de la persona que recomendó y entregó el currículum vitae de Jorge Torres Saravia".
Las investigaciones continúan mientras crece la presión política y social para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades dentro del Parlamento.
