La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha denegado la solicitud de libertad transitoria presentada por la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá.
La decisión, emitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP, implica que Mancuso seguirá en prisión, a pesar de los esfuerzos de su defensa por obtener su liberación bajo ciertas condiciones. No obstante, esta resolución puede ser apelada.
Recordemos que la petición de libertad transitoria fue presentada el 21 de marzo por la defensa de Mancuso, poco después de su retorno a Colombia tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos. La JEP argumentó que la concesión de beneficios no puede realizarse de manera automática sin garantizar ciertos requisitos y sin tener en cuenta los derechos de las víctimas.
La SDSJ de la JEP señaló que la suscripción de un acta de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz por parte del compareciente no garantiza automáticamente el beneficio de la libertad. La subsala especial encargada de analizar el caso de Mancuso determinó que no cuenta con los elementos objetivos necesarios para otorgarle la libertad en este momento.
Recientemente, la Sección de Apelación de la JEP determinó que esta jurisdicción asumiría por completo las investigaciones contra Mancuso, incluyendo los casos que se tramitan en Justicia y Paz. Esto implica que la JEP será la encargada de decidir sobre cualquier eventual libertad para el exjefe paramilitar.
A pesar de una audiencia en marzo de este año en la que el Tribunal de Bogotá concedió a Mancuso la libertad condicionada, basándose en su cumplimiento con los compromisos ante Justicia y Paz, está claro que su liberación no sería inmediata debido a los múltiples expedientes que tiene pendientes en otros tribunales, incluido el Tribunal de Barranquilla.
Además, el Tribunal de Barranquilla previamente había rechazado la designación de Mancuso como gestor de paz por parte del gobierno nacional, lo que resultó en la negativa de levantar las 33 medidas de aseguramiento que reposan en Justicia y Paz para el excomandante de las AUC.
