Las plataformas han terminado aceptando ante algunos Gobiernos de diferentes continentes que deben trabajar en establecer políticas internas claras que promuevan la detección de mecanismos de difusión de noticias falsas.

Por Jorge Hernán Peláez / Analista de medios/ @jhpelaez

En Europa, donde tienen una mirada regulatoria bien diferente sobre Internet a los países que estamos del otro lado del Atlántico, los Gobiernos de cada país, y en conjunto desde la Unión Europea, han venido divididos sobre la necesidad de regular las diferentes redes sociales para intentar frenar el peligroso fenómeno de la desinformación. Las redes sociales más influyentes, grandes y poderosas son de propiedad norteamericana, un detalle no menor. La única que es asiática, TikTok de propiedad china, fue censurada por la anterior administración de Donald Trump. El lío judicial no ha terminado. Le toca al nuevo gobierno de Biden, incluir ese tema dentro de toda la tensión comercial y tecnológica que supone la relación rota con los chinos. El despliegue de la tecnología 5G sigue adelante y los norteamericanos lo único que están tratando de hacer es frenar la brecha de tiempo para no dejarse ganar la carrera de quienes van a construir las superautopistas de Internet del siglo XXI. Los fabricantes chinos lo volvieron a hacer, como anteriormente lo habían hecho en otras industrias: el costo unitario de producción es muy bajo e imposible de igualar para otras naciones. 

La gran discusión de fondo se divide en dos dimensiones. La primera es la famosa gobernanza de Internet. Europa y Estados Unidos tienen miradas diferentes sobre el grado de control que debe, puede y tiene que tener un Estado sobre Internet. La seguridad contra la privacidad, por ejemplo, es elemento de discusión permanente. Recordemos el episodio de Apple contra el FBI que se desató después del tiroteo mortal en 2015 en San Bernardino. La compañía se negó a desbloquear un iPhone que encontró en la escena. El FBI aducía “seguridad nacional” por la cantidad de información útil que las autoridades hubieran encontrado en ese teléfono. 

La empresa se negó siempre a abrir una posible caja de Pandora de situaciones límite de violación a la privacidad y seguridad de datos de un usuario. Así fuera terrorista, la empresa no iba a exponer prácticas empresariales internas que podrían ir en detrimento de lo que muchos usuarios compran en esa marca. La mirada europea de la privacidad siempre ha inquietado a las empresas gringas. En este caso, Apple se puso del lado de todos los usuarios y llevó el pleito a la Corte Suprema de Justicia, para evitar tener que cumplir la orden de un juez de la Corte de California que los obligaba a entregar la información al FBI.

Los abogados y voceros del FBI, secundados por el Departamento de Justicia, señalaron múltiples veces en los medios que para ellos se deben buscar todas las opciones para asegurarse de que los estadounidenses no estén nunca en peligro. El discurso de lucha contra los terroristas que usan herramientas de comunicación sofisticadas para lanzar ataques viene creciendo desde el nefasto episodio de septiembre 11 de 2001. El Gobierno siempre pensó que lo que le pedía a Apple era algo sencillo y razonable. Dentro de la misma Europa hay países que han comenzado a tener miradas y políticas distintas sobre el tema. Francia ha sido siempre la nación que ha defendido las libertades y para ella la privacidad de un usuario de Internet está por encima de cualquier consideración de seguridad nacional. 

Continuamente, los reguladores europeos debaten sobre la necesidad o no de regular las redes sociales, en aras de atajar las noticias falsas y cadenas de desinformación. La Comisión Europea lleva desde 2019 evaluando las prácticas de manejo de datos de redes como Facebook, Google y Twitter. En cada evaluación que hace encuentra que las empresas no han hecho lo suficiente de manera voluntaria. Hay muchas medidas que se han tomado en diferentes ámbitos para tratar de controlar la forma como hacen los negocios estas plataformas. 

Recientemente, un grupo de diarios de la región logró negociar con Google para que la plataforma de Alphabet pague por los contenidos de la sección “Google Noticias” y así minimizar el impacto financiero que están teniendo los medios tradicionales por el efecto de la fuga de pauta sostenidamente desde hace años hacia Internet. Hay otros países, como Australia, en donde Google cree que puede ganar la negociación y se niega a pagar a los medios. 

En general, los Gobiernos han buscado frenar el exceso de información y los datos que aglomeran las redes. Quedó en evidencia con las elecciones de 2015 de Estados Unidos, con el fenómeno de Cambridge Analytica, que Facebook y seguramente otras redes no tienen cómo controlar el monstruo que crearon. 

Empleados internos de cada red tiene acceso a demasiada información sensible de los usuarios y la pueden revender en la dark web de una manera sencilla, recibiendo los pagos en criptomonedas. Si, además de eso, los directivos de las empresas de redes tienen acuerdos con empresas proveedoras de servicios de analítica, las cosas que se pueden hacer son miedosas. En Reino Unido descubrieron una red criminal digital que se roba los datos de las historias clínicas médicas de pacientes de hospitales. Luego “devuelven” la información secuestrada a cambio de un pago extorsivo que se debe hacer en bitcoines. Nadie sabe si hacen copias de la data y luego tendrán otros fines macabros.

Recientemente el freno ya no vino de Europa, sino directamente de casa. Estados Unidos demandó a Facebook por monopolio y se le pidió a Zuckerberg que desinvierta en las plataformas Instagram y WhatsApp. El cambio de términos y condiciones de la última actualización enfureció a millones de usuarios en el mundo. Los datos que recolecta Facebook son diez veces más grandes y la gente no se da cuenta de que al aceptar crear una cuenta, está dándole permiso a Facebook para que haga un uso de los datos recolectados a todo nivel y a cualquier costo. En el caso de la demanda reciente, los fiscales de 46 estados acusaron a la compañía de mantener abusiva e ilegalmente una posición de dominio en el mercado por muchos años. 

Las plataformas han terminado aceptando ante algunos Gobiernos de diferentes continentes que deben trabajar en establecer políticas internas claras que promuevan la detección de mecanismos de difusión de noticias falsas. Supuestamente hay unos compromisos para mejorar los bots y la inteligencia artificial de los algoritmos, trabajar de la mano con medios tradicionales para invertir en herramientas tecnológicas que permitan priorizar y autenticar datos en los diferentes motores de búsquedas. 

El objetivo es lograr llegar a detectar y frenar el crecimiento desbordado de cuentas falsas, anónimas, robots y usuarios fantasmas que sirven para campañas oscuras. Lo difícil de ejecutar es que alguien debe decidir, con sus criterios humanos, sesgos culturales y filosofía, cómo y cuándo se deben bloquear cuentas falsas, si es que son falsas realmente. Lo mismo pasa con las noticias. ¿Cuándo son falsas? Una pregunta que resulta muy difícil a veces hasta para los periodistas más experimentados. Intentar llevar ese criterio humano a algoritmos es una utopía que hoy se ve demasiado lejana. Mientras tanto seguiremos inundados de noticias falsas virales a diario, los políticos usando el sistema de atacar a sus rivales por Internet sistemáticamente y el ciudadano cada vez más escéptico y desinformado, que termina votando por razones emocionales y desconocidas.